Piden una prueba caligráfica de la libreta del caso Ataúdes

D.V.
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Registro policial efectuado el 31 de enero en el tanatorio del camino del Cementerio. - Foto: J.C.C.

La defensa pide la puesta en libertad de Ignacio Morchón una vez que el juzgado cuenta con la relación de sus bienes. La acusación, por su parte, ha pedido analizar el contenido de las urnas de cenizas de posibles afectados

La defensa del empresario funerario vallisoletano Ignacio Morchón Alonso ha solicitado al juzgado la libreta y las imágenes que aportó su exempleado Justo M.G., que dieron origen al caso 'Ignis', para realizar una prueba caligráfica y un análisis informático, respectivamente, mientras que una de las acusaciones ha pedido la realización de un análisis del contenido de urnas "selladas" propiedad de algunos de los posibles afectados por la presunta estafa del 'cambiazo' de ataúdes en el grupo funerario El Salvador.

En concreto, la defensa de Morchón, el abogado Guillermo Ruiz Blay, del despacho Polanco & Seijas, ha explicado en declaraciones a Europa Press que han reclamado al Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid que entiende del caso someter a los documentos aportados en la causa, la libreta de Justo M. con sus apuntes y las fotografías realizadas con el fin de hacer pruebas periciales, para lo que ha pedido la entrega de los originales con el fin de realizar estos estudios en un laboratorio.

Además, se ha solicitado la realización de una prueba caligráfica por parte del exempleado de la funeraria con el fin de comprobar si la elaboración de dicha libreta y las anotaciones que contiene corresponden a los 20 años que sostiene que estuvo tomando estos datos o, como cree la defensa, se elaboró en mucho menos tiempo, entre tres o cinco años.

Para ello, de forma paralela, pide también la realización de un cuerpo de escritura por parte de Justo M. con el fin de cotejar ambas letras.

Por otro lado, la petición respecto a las fotografías y archivos informáticos se basa en la necesidad de hacer una pericial sobre estos documentos, según el escrito dirigido al juzgado.

Sin embargo, una de las acusaciones, que ejerce la letrada Bárbara Royo en representación de más de 40 presuntos damnificados, ha expresado su oposición a que documento alguno salga del juzgado y ha pedido que se haga bajo supervisión en sede judicial.

ANÁLISIS DE URNAS

Paralelamente, esta acusación ha presentado otro escrito la realización de pruebas periciales sobre el contenido de las urnas con las que cuentan ciertos afectados, ya que las mismas se encuentran en domicilios o el cementerio pero "selladas", por lo que "no se ha roto la cadena de custodia".

Se trata de someter a un análisis a su contenido, no de ADN porque éste está destruido, pero sí de los diferentes componentes de lo entregado en la urna y saber así si hay tierra, arena o sólo restos de una cremación.

Estas peticiones se han producido en una jornada en la que han prestado declaración en el juzgado cuatro testigos, trabajadores de la funeraria, que pidieron hacerlo voluntariamente y que han asegurado que tanto Ignacio Morchón padre como hijo eran los que daban las órdenes de forma indistinta en el grupo funerario.

LIBERTAD DEL EMPRESARIO

Además, la defensa de Ignacio Morchón padre, preso desde el día 2 de febrero, ha reclamado la puesta en libertad "inmediata" de su patrocinado sin esperar a la práctica de una prueba periciales sobre los bienes del empresario, dado que ya se ha aportado una por la defensa.

Guillermo Ruiz Blay ha señalado que no hay motivo para no hacerlo, e incluso ha advertido de que hay riesgo de que se produzca una detención ilegal, toda vez que se han cumplido los requisitos para su puesta en libertad al ponerse a disposición del juzgado los bienes y no ve motivo de que haya que esperar a otra pericial.

El Juzgado de Instrucción número 6 investiga a 25 personas por la operación 'Ignis' desarrollada por la Policía Nacional sobre la actividad del grupo funerario entre 1995 y 2015, cuando supuestamente pudo realizarse el 'cambiazo' de unos 6.000 ataúdes por otros más baratos con el fin de reutilizarlos para otros sepelios, además de hacer lo propio con las coronas de flores.

Estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.