Las organizaciones agrarias Asaja, la Alianza UPA-COAG y UCCL respaldaron hoy a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en su posición, junto a los gobiernos de Galicia, Asturias y Cantabria, de rechazar el aumento de la protección del lobo que podría plantear el Ministerio para la Transición Ecológica. En un comunicado conjunto recogido por Ical, las opas recordaron que estos cánidos han causado en el último año en Castilla y León la muerte de 3.800 cabezas de ganado en 2.580 ataques, lo que supuso más de dos millones de euros de pérdidas económicas a los productores.

Hace unos días, los gobiernos autonómicos de la cuatro comunidades redactaron un documento que trasladaron a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el que apostaban decididamente por considerar innecesaria la inclusión del lobo ibérico en un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, una propuesta que el Gobierno central se encuentra analizando.

Las organizaciones agrarias de la Comunidad se suman a esta petición, pero van más allá, al recordar que otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene sería una “decisión muy perjudicial” para los intereses del medio rural y para un sector económico “clave” como es el ganadero. “Son los propios ganaderos los que en primera persona están sufriendo las peores consecuencias de la expansión descontrolada de esta especie por todo el territorio regional”, explicó.

La población del lobo actualmente, prosiguieron las opas, “no solo no está en peligro en Castilla y León, sino que además está generando gravísimos problemas a los profesionales del sector productor”. “Está en franca expansión en territorios que hasta hace pocos años no ocupaba, haciendo incompatible su presencia con una actividad clave y ligada desde siempre al territorio como es la ganadería extensiva”, advirtieron.

Por ello, las organizaciones trasladaron al Gobierno central que “en peligro de extinción se encuentran los ganaderos más que los lobos”, con lo que exigieron “responsabilidad y sentido común” para que las políticas de las distintas administraciones se encaminen a “defender la actividad ganadera extensiva de Castilla y León, que cuenta con enormes valores medioambientales, culturales, gastronómicos y económicos y contribuye de forma muy importante a la fijación de población en el medio rural”.