Hace casi cuatro años que Estados Unidos, a través de un aviso de su agencia medioambiental, puso patas arriba el lucrativo mercado del automóvil, al destapar lo que entonces era un presunto fraude de Volkswagen en las emisiones de sus vehículos diésel, trucadas con un software para saltarse las cada vez más restrictivas legislaciones en materia de medio ambiente. La evidencia del engaño fue tal que la multinacional alemana no tardó en confesar, pero mientras en EEUU ya hace un año que la compañía y la Justicia certificaron el acuerdo compensatorio para el medio millón de afectados, a razón de entre cinco y diez mil dólares por propietario de coche, en Europa las cosas van muchísimo más despacio y aún se está lejos de llegar a ese punto.
En España se estima que hay unos 700.000 afectados hay dos, aunque apenas llega a 20.000 los que se han sumado a las distintas demandas colectivas que lideran organizaciones de consumidores como Facua y OCU, además de una surgida de la unión de hasta doce despachos de abogados. «Y luego están todas las personas que se han decidido a presentar una demanda individual y que hay un goteo de sentencias por todo el país que van saliendo, en un sentido o en otro, en función de los juzgados», según explica el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, a este periódico. Como la que, en 2016, el Juzgado de Primera Instancia 12 de Valladolid emitió en favor de un cliente, fijando una cuantía de 5.000 euros (el 10% del valor del vehículo), pero que, un año después, fue revocada por la Audiencia Provincial, al entender que, hecha la reparación, no había ningún perjuicio.
VÍA CIVIL, PENAL... Y ALEMANIA
En Valladolid se estima que hay más de 700 afectados en alguna de las demandas colectivas que hay en marcha y que, al contrario de lo que sucedió en Estados Unidos, en España y Europa no ‘carburan’. Ni tan siquiera se le puede poner una cifra a la indemnización a la que se aspira, tal como explica el portavoz de Facua, «aunque se trabaja con la referencia de acordado en EEUU por Volkswagen». Pero el escenario es distinto, ya que la predisposición a negociar es inexistente y, por ello, se ha abierto una vía civil, que es la que lidera OCU con más de 7.500 de sus socios; y una penal, en la que está Facua con otros tantos, y esa asociación de afectados surgida tras la fusión de doce despachos de abogados que estaban personados por separado con pequeños grupos de clientes y que suman otros tres mil.
Vía penal que es la que se puede acabar derivando a Alemania, si prosperan las tesis de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional, que así lo anunció el pasado noviembre y que motivó que Facua anunciase un recurso. «Nosotros creemos que al llevar este caso Alemania, los consumidores españoles pierden el derecho a la tutela judicial efectiva, como si los tribunales españoles no tuviesen la competencia para juzgar a Volkswagen», añade Rubén Sánchez, quien recuerda que «el proceso alemán es contra personas físicas, no contra el grupo, como sí es en España y, aunque se gane, no garantiza ninguna indemnización, sino una sentencia que diga que esa persona es perjudicada, pero luego habría otro proceso para la indemnización».
NO ACABABA EL 30 DE JUNIO
Facua recuerda que, a pesar de ello, si algún afectado español quiere sumarse a esa demanda colectiva alemana, «lo puede hacer hasta el 29 de septiembre, un día antes de que se celebre una vistilla con la que se inicia el proceso». «En esto ha habido confusión porque desde la asociación de afectados, de esos doce despachos, se le puso fecha final en el 30 de junio, supongo que por operatividad suya para poder preparar todo, pero en realidad cualquier persona puede sumarse a través de una web habilitada por la propia justicia alemana».
Facua confía, en cualquier caso, en conseguir que el asunto en vía penal se quede en España: «Esto es un caso muy difícil, pero nosotros entendimos que era la menos mala porque si al final se determinaba que Volkswagen había incurrido en delitos, se podía exigir después una responsabilidad civil derivada del delito y se podría cuantificar para cada tipología de afectado».
La otra asociación que trata de buscar justicia por el denominado ‘Dieselgate’ es OCU, aunque en su caso a través de una demanda en vía civil que camina lenta y sin grandes avances después de que se formulase en julio de 2016 y de que hace quince meses se admitiese en Juzgado de lo Mercantil 1 de Madrid. «Una vez que el juez ha decidido que la competencia territorial para conocer de este asunto pertenece a Madrid, actualmente estamos a la espera de que el juzgado nos dé traslado de la contestación de VW a nuestra demanda», detallan desde la organización, que sí llegó a cifrar en 3.000 euros la indemnización que reclamaría para cada afectado.