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La Diputación exige al Gobierno la devolución del IVA

D.V.
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Rechazada la proposición socialista de fondos para puntos limpios y aprobado el Reglamento del Servicio de Asistencia Judicial a municipios

Pleno del mes de mayo.

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado este viernes sendas proposiciones en las que exige al Gobierno de España el ingreso de los 750 millones de euros que adeuda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IVA del año 2017, así como una movilidad libre de cargas en vías de alta capacidad y carreteras convencionales.

La primera de las proposiciones, presentada por el Grupo Provincial Popular, ha salido adelante por unanimidad, a pesar de las críticas de los grupos Socialista y Toma la Palabra hacia el PP por su responsabilidad en la etapa de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda bajo la presidencia de Mariano Rajoy.

Sin embargo, el portavoz 'popular', Agapito Hernández, ha lamentado que el Gobierno socialista "no sólo no mejora la financiación local", sino que "niega" a las entidades locales lo que es suyo, hasta el punto de que "ha tenido que ser el Tribunal Supremo" quien lo haya reconocido.

Ante esto, el portavoz de Vox, Mario de Fuentes, ha considerado "increíble" que se haya tenido que "llegar a exigir al Gobierno que cumpla la ley", tras lo que ha pedido a la Junta de Castilla y León que "actúe en consecuencia" y llegado el momento traslade esa devolución lo que les corresponda a estas entidades.

Por su parte, la portavoz de Cs, Gema Gómez, ha tildado de "despropósito" que "a día de hoy" aún no se hayan devuelto esas cantidades y ha considerado "vergonzoso" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se haya amparado para ello "en informes fantasma" y en supuestos "impedimentos legales".

En cuanto a la proposición sobre movilidad, la encargada de defenderla ha sido la portavoz del Grupo Provincial Ciudadanos, Gema Gómez, quien ha criticado el "golpe" que una medida como la implantación de peajes por el uso de estas vías supondría para el medio rural y ha advertido de que el "necesario" debate sobre la sostenibilidad de estas infraestructuras no puede traducirse en este recargo bajo el "peligroso" argumento para los principios del Estado del Bienestar de "quien lo usa paga", como Gómez ha reprochado al director general de Tráfico, Pere Navarro.

Esta proposición del grupo naranja ha contado con el voto favorable de PP y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido y TLP se ha pronunciado en contra.

En su intervención, el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ferreira, ha advertido de que no están a favor de pagar peajes, pero "no pasa nada" por debatir algo que "se hace en muchos países de Europa", en lugar de tener la propuesta "guardada en un cajón sin que lo supiera nadie" como hizo, según ha advertido, el Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy. Asimismo, ha recordado los kilómetros de autopista que ha liberado el actual Ejecutivo.

También se ha opuesto a "peajes, repagos y copagos" la representante de TLP, quien ha apostado por una "progresividad fiscal" para financiar los servicios, ya que los peajes resultan "regresivos" para aquellos ciudadanos con mayores dificultades económicas.

A pesar de ello, Virginia Hernández, quien ha votado en contra de la proposición de Cs, ha acusado a esta formación de querer hacer política "de algo que no ha sucedido" y ha advertido de que "la ciudadanía ya paga las carreteras a través de los impuestos", a pesar de que los 'populares' intenten dar a entender, según ha precisado, lo contrario.

Por unanimidad ha salido adelante la iniciativa de TLP en defensa del servicio público postal prestado por Correos en la provincia, a fin de "garantizar la correcta prestación del servicio", incluido el mantenimiento de las oficinas auxiliares y unidades de reparto en el medio rural, proposición que ha incluido un punto a propuesta del PP para pedir al Gobierno de España la puesta en marcha de un plan estratégico para esta empresa estatal.

Por otro lado, se ha aprobado con el apoyo de PP y Cs una proposición presentada por Vox para el control de especies cinegéticas en zonas agrícolas, iniciativa a la que se ha opuesto el PSOE por considerar que busca fomentar la caza "de forma indiscriminada", y de TLP, al no diferenciar entre las distintas especies y su impacto en la actividad agraria a la hora de agilizar estos trámites.

La proposición de Vox reclama que la obtención del permiso para el control de especies cinegéticas en terrenos agrícolas sea bajo la firma de una declaración responsable, con un silencio administrativo positivo a las 48 horas; que el permiso abarque el pago completo, sin superficie mínima de hectáreas, y que la duración del permiso se prolongue durante todo el ciclo vegetativo del cultivo, ya que actualmente la autorización expedida por la Junta de Castilla y León tiene una duración de tres meses.

Con el voto en contra de PP, Cs y Vox y el único apoyo de TLP, el Pleno ha tumbado la proposición socialista que reclamaba fondos de la Diputación para que los ayuntamientos puedan mantener sus puntos limpios "en vista del estado que presentan" algunos de estos espacios de recogida de residuos, como ha defendido el diputado Carlos Mangas.

La diputada de Cs Nuria Duque ha justificado el rechazo de su Grupo a este planteamiento por considerar que está "fuera de lugar" y que el sitio donde debe debatirse esta cuestión es el Consorcio Provincial de Medio Ambiente, mientras que la 'popular' Myriam Martín Frutos ha defendido el apoyo que presta la Diputación a los ayuntamientos para el mantenimiento de estos puntos limpios, excediendo en algunos casos sus propias competencias.

Al margen de las proposiciones, la sesión plenaria de este viernes ha dado el visto bueno de forma unánime al reglamento del nuevo servicio de asistencia judicial a municipios que el propio presidente de la Diputación, Conrado Íscar, presentó el día anterior y asistirá de forma gratuita a los municipios de menos de 20.000 habitantes a través de su propia asesoría jurídica, ya que hasta ahora se prestaba a través de un convenio con el Colegio de Abogados.

El Reglamento ha incluido una enmienda que el Grupo Popular ha presentado como alternativa a otra de los socialistas que pretendía evitar que en caso de saturación se derive la prestación a despachos privados en lugar de al Colegio de Abogados, petición que ha sido rechazada por el Pleno por considerar que puede implicar conflictos con la Ley de Contratos Públicos, como ha explicado el portavoz del PP, Agapito Hernández, quien ha subrayado que este nuevo servicio no excluye futuras colaboraciones con el Colegio.

El nuevo Servicio de Asistencia Judicial actuará en materias vinculadas a procesos ordinarios como los contencioso-administrativos, social, civil o mercantil, además de otros más especializados como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o los tribunales económico-administrativos.

Pese al voto en contra de TLP y la abstención de PSOE y Vox, el Pleno ha aprobado la adjudicación del contrato de servicios del proyecto piloto de instalación de cinco cajeros automáticos o dispositivos de multiservicios financieros en cinco municipios de la provincia, algo que la portavoz de TLP, Virginia Hernández, ha criticado por entender que pone "una alfombra roja" al cierre de sucursales bancarias en el medio rural, mientras que el PSOE ha lamentado que no se aproveche esta inversión para instalar dispositivos que ofrezcan mayor número de servicios, más allá de la mera retirada de efectivo.

Con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido, se han ratificado sendas ayudas de emergencia para los proyectos de Fundación InteRed y Fundación Vicente Ferrer paras hacer frente a la emergencia sanitaria por la covid-19 en la India.