El que fuera jefe de la Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid entre 2009 y 2017, J.M.Z.P, juzgado desde este viernes en la Audiencia Provincial acusado de sacar armas de subastas para amigos, ha achacado el proceso contra su persona al "hostigamiento de los mandos" sufrido durante años.

En la primera jornada del juicio, una vez constituido el jurado popular, el agente del Instituto Armado respondía de este modo a la pregunta de la presidenta de la sala sobre si estaba conforme con los hechos imputados por la Fiscalía: "'Negativo, me considero inocente!".

En su intento de demostrar su inocencia, J.M.Z.P. ha denunciado públicamente que "esto ha llegado aquí por una irresponsabilidad del jefe de la Guardia Civil, que inició un procedimiento disciplinario militar para que abandonara el puesto", al tiempo que ha asegurado que su cometido en las distintas subastas realizadas a lo largo de su mandato, hasta un total de siete, incluidas las objeto de enjuiciamiento realizadas en 2016 y 2017, se llevaron a cabo conforme al proceder seguido en cualquier comandancia española.

Aunque aquellas armas cuya subasta quedara desierta tenían por destino obligado el achatarramiento, tal y como quedaba recogido en una circular, el acusado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reconocido que la mayoría de ellas se salvaba de la destrucción por cuanto él se encargaba de contactar personalmente con los titulares para proponerles otro destino.

REGALADAS A "COLABORADORES" DEL CUERPO

De hecho, J.M.Z.P. ha confesado que, con el beneplácito de los propietarios, regaló cinco armas, tres de ellas de la subasta desierta en 2016 y dos de la celebrada en 2017, a cinco personas a las que ha denominado "colaboradores" de la Guardia Civil, entre ellos el titular de una galería de tiro, el dueño de una armería y una persona vinculada a una empresa de vehículos, de la misma marca que los furgones utilizados para el traslado de presos.

"¡Todo ha salido de mí!", ha apuntado el agente, en declaraciones recogidas por Europa Press, en referencia a que lo hizo únicamente en su intento por obsequiar a estas personas por la ayuda y colaboración prestada al Cuerpo, aunque también ha reconocido haber adquirido dos armas para un hermano y haber comprado una para él mismo tras abonar unos 300 euros.

También ha asegurado que los titulares de las armas que eran depositadas en la comandancia para su subasta "regalaban de continuo" muchas de ellas a los agentes y otras las entregaban al Cuerpo en forma de donación.

En el caso de una de las armas que fue retirada de la subasta por el propio acusado, éste ha justificado tal medida en el hecho de que tras cuatro días de permanecer expuesta se dieron cuenta de que a la misma le faltaba una "pieza fundamental", el cerrojo.

UN "SUPUESTO DISCIPLINARIO"

El abogado del encausado, en el trámite inicial donde las partes han expuesto de forma somera a los nueve miembros del jurado--está compuesto por cinco varones y cuatro mujeres--su línea de acusación y defensa, pide un fallo absolutorio al mantener que la causa se reduce, en todo caso, a un "supuesto disciplinario" y lo ha desmarcado del ámbito penal, ya que aquí "ni hay dolo, voluntad de delinquir, ni ánimo de lucro o enriquecimiento".

El defensor incluso ha alabado el celo profesional de su cliente, de quien ha destacado que se preocupó de contactar personalmente con los dueños de las armas entregadas para su subasta a fin de comunicarles que la misma había quedado desierta y ofrecerles otras posibilidades, al margen de su destrucción o achatarramiento.

Precisamente, esta actuación es la que el representante del Ministerio Fiscal considera delictiva, pues en su condición de funcionario público no estaba facultado para esa intermediación personal y directa entre titulares y clientes.

Por ello, Fiscalía de Valladolid acude al juicio con una petición que, con carácter provisional, se eleva a una pena de un año y tres meses de cárcel, multa de 3.600 euros e inhabilitación por espacio de cuatro años y medio para empleo o cargo público por un delito de negociación prohibida a funcionario y abuso en el ejercicio de sus funciones.