La recaudación de los dos tributos propios creados por la Junta de Castilla y León para gravar las afectaciones ambientales creció el pasado año un 18 por ciento superando los 85 millones de euros. Los casi 13 millones por encima del ejercicio anterior que ingresaron las arcas públicas igualaron las previsiones realizadas por el Gobierno autonómico en los Presupuestos de la Comunidad para 2018, el último aprobado porque el año pasado las cuentas fueron prorrogadas.

El crecimiento experimentado el pasado año tuvo como principal impulso el cobro a Garoña de un impuesto por la acumulación del material radiactivo ya gastado, mientras que el lastre llegó del batacazo recaudatorio del impuesto de eliminación de residuos ante la paralización de las centrales térmicas con motivo de la descarbonización.

La Consejería de Hacienda destaca, por su importancia económica, el impuesto por Afección Medioambiental, que supuso el pasado año ingresos por 77,4 millones, un 20,9 por ciento. Este tributo, modificado a finales de 2018 para incorporar un nuevo hecho imponible, que grava el depósito de residuos nucleares en Castilla y León, que en la Comunidad se vincula directamente a la central de Santa María de Garoña (Burgos). Aunque el año anterior no tuvo especial incidencia por entrar en vigor en el último trimestre, durante 2019 supuso la recaudación de algo menos de 10 millones de euros.

El resto, más de 67 millones, procede de determinados aprovechamientos del agua embalsada, así como el impacto de los parques eólicos y de las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

El otro tributo propio grava la eliminación de residuos, lo que durante el año pasado incorporó 7,8 millones de euros a las arcas públicas autonómicas, un 4,8 por ciento menos que el ejercicio anterior (8,2 millones). Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda explican que esta caída se debe al cierre de algunos vertederos de la Comunidad, pero especialmente a la paralización de actividad en las centrales térmicas, con lo que han dejado de generar residuos como la escoria y otras cenizas por las que eran gravadas.

La previsión de 11 millones que hizo el Gobierno autonómico en las grandes cuentas para 2018 no se ha cumplido, por tanto, ni en ese mismo año, cuando se recaudó 8,2 millones, ni el pasado ejercicio, con una cifra aún menor.

Previsiones.

En estos momentos, cuando la Consejería de Hacienda se encuentra en fase de elaboración del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2020 aún no existen unas previsiones de ingresos ajustadas, aunque fuentes de este departamento indicaron que lo lógico es que haya un crecimiento dado que han pasado dos años desde las anteriores cuentas y en este tiempo ha habido un incremento de la actividad económica en la Comunidad.

No obstante,el consejero de Economía y Hacienda, Fernández Carriedo, ya anunció que, tal como prevé la normativa que aprobó el Paramento autonómico, contabilizarán 15 millones de ingresos procedentes de Garoña por el almacenamiento temporal de residuos, a pesar de que este tributo se encuentra recurrido por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional al considerar que existe una duplicidad con otro gravamen nacional. Carriedo cargó contra el recurso que tachó de «muy injusto» e insistió en que se presupuestará el tributo, porque «está recurrido pero no paralizado».