Los lanzamientos por impago de hipoteca se redujeron un 22,2 por ciento en Castilla y León en el segundo trimestre de 2021 sobre el mismo periodo de 2019, gracias al decreto antidesahucios, informalmente denominado ‘escudo social’, aprobado por el Gobierno central en marzo del año pasado con motivo de la pandemia y que ha contado con sucesivas prórrogas. Todo ello, a pesar de que han aumentado las ejecuciones hipotecarias un 47,6 por ciento, que son el primer paso para este proceso. Es decir, la documentación ha seguido entrando en los tribunales, pero se ha encontrado posteriormente con el muro de contención implantado por el Ejecutivo para evitar los desahucios por motivos sociales y sanitarios.
Así, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Castilla y León entre marzo y mayo de 2021 se elevaron en 78, al pasar de las 164 registradas en 2019 a las 242 actuales, en una tendencia al alza, como la media nacional, pero que supone la mitad de su crecimiento, ya que alcanzó el 98,2 por ciento en el conjunto de las autonomías. En total, con 7.646, es la cifra más alta desde el segundo trimestre de 2017.
El informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, que hizo hoy públicos la sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aclara que el “importantísimo efecto” que tuvo la pandemia por COVID-19 en la actividad de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2020 hace que la comparación de los datos de este año con los del mismo periodo del año anterior “sean escasamente significativos”. Por ese motivo se complementa con las evoluciones respecto a 2019.
Tal y como reflejan los datos, el mayor número de ejecuciones se produjo en Andalucía que, con 1.608, representa el 21 por ciento del total nacional; le siguen Cataluña, con 1.592; Comunidad Valenciana, con 1.275; y Madrid, con 611. Sin embargo, si se observan las cifras en relación con la población, destacan claramente Murcia, con 32,9 por cada 100.000 habitantes, Comunidad Valenciana, con 25,3, y Cataluña, con 20,5. Castilla y León se sitúa en 10,2.
En cuanto a los lanzamientos practicados en Castilla y León, de los 385 totales que se produjeron, 91 pertenecieron a hipotecas, con el descenso mencionado del 22,2 por ciento, mientras que 294 fueron el resultado de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, lanzamiento por impago de alquiler, con un 26,5 por ciento menos que en 2019.
A nivel nacional, los lanzamientos también cayeron, en la línea de la Comunidad, un 21,2 por ciento, con 11.571. De ellos, siete de cada diez (8.028) fue consecuencia de la norma, mientras que otros 2.849 –el 24,6 por ciento- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 694 restantes obedecieron a otras causas.
Concursos y despidos
Mientras, los concursos presentados en 2020 en Castilla y León, tanto en los juzgados mercantiles como en los de Primera Instancia e Instrucción, experimentaron un crecimiento del 39,2 por ciento, con 71 contabilizados, la mitad que la subida nacional del 68,2 por ciento de 2019 (5.017).
En cuanto a las demandas por despidos presentadas en los Juzgados de lo Social, Castilla y León registró 1.125 en el periodo de estudio, un 10,1 por ciento más que los 1.022 del año anterior. Este dato contrasta con la testimonial subida del 0,21 por ciento en España, hasta las 28.179. Madrid, con 5.828, el 20,7 por ciento del total nacional, ha sido la comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 5.239; Andalucía, con 4.183, y la Comunidad Valenciana, con 3.079.
Reclamaciones de cantidad
Igualmente, el número de demandas por reclamaciones de cantidad bajó un 12,7 por ciento en Castilla y León, ya que se presentaron 1.700 en los Juzgados de lo Social de la Comunidad frente a las 1.948 del segundo trimestre de 2019. En España la evolución es contraria, ya que la cifra de 32.151 es un 4,4 por ciento mayor a la 2019. De ellas, 5.871 se presentaron en Madrid, el 18,3 por ciento del total; 5.747 en Andalucía y 3.628 en Cataluña.
Por último, los procedimientos monitorios en Castilla y León pasaron de 7.647 a 8.523, con un incremento del 11,5 por ciento, muy inferior al 21,6 por ciento nacional, donde se llegó a los 210.707 trámites; y los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas se situaron en Castilla y León en 24 resueltos, de los 960 que se resolvieron en el conjunto nacional.
La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 39.508, seguida de Madrid, con 39.226; Cataluña, con 27.284; y Comunidad Valenciana, con 23.970.