La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOU) lleva más de siete años en marcha y todavía no ha conseguido la aprobación definitiva de la Junta. Una nueva petición del Gobierno regional al Consistorio para la corrección de «deficiencias» retrasará semanas la aprobación definitiva del documento, algo que motiva que todavía siga vigente el anterior planeamiento, que se aprobó en 2003.

El proceso de revisión del documento lo inició el Gobierno municipal del PP, con León de la Riva al frente, pero el cambio de color en el Ayuntamiento motivó la vuelta al inicio de la tramitación del expediente (decreto 30 de julio de 2015). Un año después se aprobaron los criterios directores, que se refrendaron en abril de 2016 con el visto bueno del Pleno al documento inicial estratégico. Otros doce meses después se consiguió la aprobación inicial de esta revisión, con un plazo de tres meses de alegaciones. Un periodo al que siguió un impasse para responder a las exigencias de los informes sectoriales, preceptivos y vinculantes , con especial importancia al de la Dirección General de Patrimonio, que paralizó temporalmente la tramitación. 

En ese tiempo hubo numerosas reuniones entre el equipo redactor del nuevo plan y técnicos de la Junta. Se modificó el documento, que se sometió de nuevo a exposición pública en diciembre de 2018, que sirvió para incorporar nuevas alegaciones y «las indicaciones de los diferentes informes sectoriales». 

En este caso, nuevamente las indicaciones de Patrimonio obligaron a incluir nuevos anexos para explicar cómo se potenciará la protección y conservación del conjunto histórico de la capital, además de revisar el catálogo de arquitectura e ingeniería, el arqueológico y el de patrimonio natural. Todo para que el Pleno aprobara provisionalmente la revisión el pasado mes de mayo, unos días antes de las municipales.

Pero el PGOU de Valladolid parece que se ha convertido en un bumerán entre el Ayuntamiento y la Junta, que hace que cinco meses después de su aprobación provisional no haya recibido la definitiva de la Consejería de Fomento y, por lo tanto, siga vigente el anterior planeamiento, el de 2003.  

De hecho, la Dirección General de Vivienda envió el pasado 4 de septiembre al Ayuntamiento un escrito advirtiendo de dos deficiencias. Así, se apunta que «no se ha justificado» el cumplimiento de todos los informes sectoriales preceptivos y vinculantes emitidos por los órganos competentes. Y, por otro lado, se advierte de que hay «errores» en determinaciones que impiden su aprobación definitiva, según fuentes de la Consejería de Fomento. Unos argumentos que no comparte el Ayuntamiento, que asegura que se piden cuestiones «ya aclaradas» y se habla de informes «que ya existen». Aunque se apunta hacia Patrimonio que, según fuentes municipales, pide «cosas ya cumplidas». De hecho, ambas partes hablan más de una cuestión de formas que de fondo.

Una vez se resuelvan estas diferencias, y el documento vuelva a la Consejería «corregido» pasará a la Comisión Regional de Urbanismo para su aprobación y posterior rúbrica del consejero de Fomento.