Dos acusados de fraude pactan tres años y 246.000€ de multa

D.V.
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Los hechos se remontan al menos a agosto de 2012, cuando Salvator, quien había venido prestando servicios para diversos agricultores, urdió un plan directamente encaminado a defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social

Temporeros en vendimia. - Foto: D.V.

El matrimonio de origen rumano Salvator E.B. y Florentina S. será condenado a penas de dos y un año de cárcel, respectivamente, por un delito de fraude a la Seguridad Social a lo largo de 2012 y 2013, periodo en el que creó distintas empresas agrícolas al frente de las que puso a personas autónomas y logró defraudar al fisco más de 81.000 euros.

Aunque el juicio está previsto para este martes, 19 de junio, en la Sección Cuarta de la Audiencia de Valladolid, donde el fiscal tenía previsto inicialmente solicitar una condena de cuatro años para el varón y casi dos años para la esposa, junto con multas de 325.000 y 81.000 euros, respectivamente, los acusados y la acusación pública ya han pactado las penas para cada uno de ellos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Así, durante la comparecencia presencial que tendrá lugar este martes, Salvator asumirá una pena de dos años, multa de 165.000 euros y la pérdida del derecho a percibir subvenciones por espacio de cuatro años, mientras que la mujer, por idéntico delito de fraude a la seguridad social, será condenada a un año, al pago de 81.131 euros y a la pérdida del derecho a subvenciones por dos años.

Los hechos se remontan al menos a agosto de 2012, cuando Salvator, quien había venido prestando servicios agrícolas --trabajos de recolección, cultivo...--para diversos agricultores, urdió un plan directamente encaminado a defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social al generar con ésta una deuda que no estaba dispuesto a afrontar.

El plan, para el que contó con la colaboración su pareja, consistió en la creación de sucesivas empresas individuales, con similar plantilla y actividad entre ellas, poniéndolas sin embargo a nombre de distintas personas a las que daba de alta como autónomos o empresarios individuales, cuando, en realidad, él seguía siendo el administrador de ello de las mercantiles.

Para también defraudar, una vez que las empresas y empresarios acumulaban deudas, las cerraba o dejaba sin actividad de hecho, continuando con idéntica actividad bajo la apariencia de la constitución de otra sociedad o empresario individual.