Las Cortes aprobaron con los votos de PP y Ciudadanos fijar el límite de gasto no financiero para 2020 en los 10.167,59 millones de euros, el más elevado desde que se calcula esta magnitud y que servirá de base para la elaboración del proyecto de Presupuestos de la Comunidad, que el Ejecutivo autonómico espera presentar en primavera.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, expuso el acuerdo de la Junta, que contó con el rechazo del PSOE y Podemos y la abstención de UPL, Por Ávila y Vox, pese a que advirtió de que es la «base fundamental» del nuevo presupuesto que se elabora con el objetivo de garantizar los servicios públicos, contribuir al crecimiento y ratificar el compromiso con el mundo rural.

La socialista Rosa Rubio cuestionó los cálculos de la Junta y negó el apoyo de su grupo a sus «desmanes económicos», ya que comparó el presupuesto con una «balanza» que debe estar «equilibrada», si bien señaló que en Castilla y León está inclinada al lado de los gastos, por contar con menos ingresos. Esto genera déficit público, por lo que consideró una «irresponsabilidad» bajar impuestos.

Además, Rubio explicó que la capacidad para financiarse de Castilla y León es «escasa», pues apuntó que solo que representa el 10%, y que se presupuestan ingresos por tributos que no llegaron y fondos europeos que «no aparecieron». Por ello, denunció que se dejaran de invertir fondos en empleo, vivienda o I+D+i.

«Castilla y León se desangra», dijo por la pérdida de empleo y de población, por lo que dudó de que con menos crecimiento sea posible generar el empleo que prevé la Junta.

Por su parte, Salvador Cruz (PP) aseguró que es el «mejor» techo de gasto presentado y garantizó que las políticas prioritarias volverán a ser los servicios públicos, el crecimiento y el empleo, en un escenario de desaceleración económica, en el que advirtió tienen impacto las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y su «infierno fiscal».

Cruz lamentó que la procuradora socialista defienda el modelo de financiación, que todos los grupos consideraban malos, aunque las entregas a cuenta vayan a crecer este año. Además, aseguró que la reforma del impuesto se sucesiones beneficia al mundo rural.

También Juan Pablo Izquierdo (Cs) reivindicó la necesidad de contar con unos presupuestos para hacer crecer la economía y mejorar los datos del empleo. Por ello, defendió la reducción de la carga fiscal, sin olvidar la estabilidad presupuestaria, aunque aprovechó para reclamar el IVA pendiente.

590 millones.

El techo de gasto se eleva 590,12 millones en comparación con el de 2018, según informa Ical. A pesar de ello, Carriedo precisó que no se han incorporado por «prudencia» las cantidades pendientes del IVA de 2017 -142 millones-.

En relación al déficit del 0,2 por ciento del PIB, el consejero aseguró que no satisface la deuda del Gobierno con las comunidades y criticó que su reparto no esté equilibrado porque el Estado se reserva el 1,6 por ciento.

Sobre el escenario macroeconómico, destacó que Castilla y León seguirá creciendo y creando empleo, aunque admitió que las expectativas son las «peores» desde que comenzó la recuperación, puesto que el avance, del 1,6 por ciento, es el más bajo desde entonces.