El Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono Troposférico en Castilla y León contará con inversiones de 4,35 millones en su horizonte 2022-2024, y tendrá como fuentes de financiación tanto fondos autonómicos, como europeos, así como transferencias finalistas de partidas estatales.

Así lo establece el documento, al que tuvo acceso Ical, que proyecta un marco presupuestario que asigna un millón de euros anuales lineales en concepto de transferencias de capital a familias e instituciones sin ánimo de lucro y el resto (algo más de 400.000 euros anuales) a actuaciones de inversión, tanto para la reposición y funcionamiento operativo de los servicios, como para inversiones de carácter inmaterial. 

Se desgrana en cinco tipos de medidas. Así, la primera de ellas es la reducción de las emisiones de NOx y compuestos orgánicos volátiles (COV) para disminuir los niveles de ozono troposférico, que dispondrá al año de 1,12 millones de euros; la segunda, acciones conjuntas a escala local para combatir el cambio climático en relación con el ozono troposférico, con 115.000 euros al año; la tercera medida, con 200.000 euros en cada uno de los ejercicios, plantea el diseño de planes de acción a corto plazo y protocolos para episodios elevados de ozono; la cuarta, con 50.000 euros anuales, prevé reducir las emisiones de contaminantes precursores del ozono procedentes de la industria y otras actividades económicas; y para la quinta, el seguimiento de los efectos del ozono, no se computa coste alguno.

El plan ya cuenta también con el informe previo del Consejo Económico y Social (CES), que lamenta que carezca de estudio contable de costes analíticos y que únicamente se acompañe de los “externalizables”. Igualmente, sostiene que las medidas relacionadas con el sector industrial “se desarrollarán en parte mediante la colaboración de los agentes sociales en el marco de los acuerdos del Diálogo Social”. En todo caso, el CES aconsejó revisar de forma anticipada las autorizaciones ambientales de las 33 instalaciones emisoras de COV y las 545 instalaciones emisoras de dióxido de nitrógeno.

Por otro lado, y a pesar de no figurar en el cuadro presupuestario partidas específicas de transferencias a las administraciones locales, el plan establece que para las entidades locales se prevén líneas de financiación de subvenciones directas o en concurrencia, en las que se valorará el cumplimiento de los valores de referencia sobre ozono.

30 estaciones de medición

Para poder medir todas estas circunstancias, la zonificación de evaluación del ozono para la protección de la salud en Castilla y León cuenta con 30 estaciones de medición. Éstas se agrupan en cuatro aglomeraciones urbanas: Valladolid, Burgos, León y Salamanca, que cuentan con ocho estaciones (cinco en la capital del Pisuerga y una en cada una de las otras tres ciudades). A ellas se suman otras ocho zonas en que se subdivide toda comunidad (22 estaciones).

De estas 30 estaciones, cinco de ellas también se utilizan para la medición del ozono para la protección de la vegetación, agrupando a estos efectos la Comunidad en tres grandes zonas. De todas ellas, 12 son de carácter urbano, otras tantas suburbanas, cinco rurales y una rural de fondo o remota.

Utilización del vehículo

Dentro de la medida tercera, la de planes de acción a corto plazo y protocolos para episodios elevados de ozono, se enmarca el fomento del desarrollo de nuevas estrategias logísticas que permitan reducir el transporte por carretera y mejora del teletrabajo para reducir el transporte de la ciudadanía a los centros de trabajo.

Además, se hace alusión al desarrollo de acciones que fomenten que las personas vayan a pie o en transportes no contaminantes a su centro de estudio y al desarrollo de planes de movilidad, así como a la promoción de la aplicación de tecnologías que no usan COV. A este respecto, el CES consideró que el Plan “podría abordar de una forma más amplia las actuaciones en el sector del transporte por el claro impacto que pueden tener en la reducción de ozono troposférico”.

El plan recuerda que los vehículos propulsados por fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles tradicionales se están convirtiendo en parte de la movilidad sostenible en el transporte. En este sentido, el CES insta a que su infraestructura de carga específica se despliegue para “satisfacer las necesidades de movilidad de las personas usuarias”. La institución considera necesario “fomentar e implementar infraestructuras de carga de vehículos propulsados por fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles y promover su instalación a través de ayudas económicas”.

Sector ganadero

Otra de las medidas llamativas del plan es la reducción de las emisiones de metano procedentes del sector ganadero y gestión de residuos, por toda la polémica que rodea al vacuno en este sentido. Al respecto, el CES expresó que es necesario conocer la información sobre el factor agroambiental de cada municipio de los tres últimos años, “para poder saber el alcance de esta medida”, ya que la información de la web de la Junta de Castilla y León a este respecto es “anual y no media, facilitando así la consulta a las personas interesadas”.

La reducción de emisiones en el sector agrícola y ganadero se basa, entre otros aspectos, en el desarrollo de mejores tecnologías disponibles (MTD), para lo que son necesarias ayudas específicas desde el punto de vista medioambiental, que “vayan más allá de los incentivos establecidos en la PAC”, reclama el CES, que considera que la innovación, la digitalización y las nuevas tecnologías tendrán un “papel cada vez más importante al ser la base para una actividad agrícola eficiente y sostenible que optimice la aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios”.

Nuevas líneas de apoyo

El CES, no obstante, apeló a la necesidad de la Junta de establecer nuevas líneas de apoyo a las empresas para que “sigan desarrollando e implantando métodos de producción menos contaminantes, principalmente en lo referente a las emisiones de contaminantes a la atmósfera, e intensifiquen el uso de mecanismos económicos e instrumentos que favorezcan tales avances”.

Igualmente, instó a a la Administración a crear herramientas de asesoramiento y ayuda que faciliten la aplicación de las medidas, además de impulsar acuerdos entre las organizaciones empresariales y la propia Junta que ayuden a la prevención de la contaminación atmosférica y la reducción de emisiones de COVs.

Por último, en cuanto al estudio sobre los efectos adversos del ozono en la salud humana que establece el plan, el CES cree que sería “interesante poder completarlo con un análisis de mortalidad por este motivo”, más teniendo en cuenta que la OMS reconoce la contaminación del aire como un factor de riesgo para la salud humana. “No es suficiente determinar recomendaciones para la salud ajustadas a la calidad de aire, sino que es necesario que dichas propuestas se difundan correctamente y que llegue a toda la ciudadanía y en particular a los grupos más vulnerables con mensajes directos y fácilmente comprensibles, y utilizar los canales adecuados”, sentenció la institución.