Ecologistas en Acción (EA) presentó ayer ante la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) una denuncia penal contra los integrantes de la Mesa de las Cortes por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, al haber admitido a trámite la proposición de ley presentada el pasado 28 de febrero por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos con la finalidad de «pasar por encima» de la suspensión cautelar de la caza ordenada por el alto tribunal.

La organización afeó, a través de un comunicado, la actuación del entonces presidente en funciones de las Cortes, Ramiro Ruiz Medrano, y los cuatro procuradores que integran la Mesa porque deben respetar la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales. Recordó que la pena por los delitos denunciados alcanzaría de seis meses a un año de prisión y de 11 a 22 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Tras conocer la denuncia, el secretario primero de la Mesa de las Cortes, el procurador Óscar Reguera (PP), defendió la actuación del órgano de gobierno del Parlamento autonómico en todo lo relacionado con la calificación de la proposición de ley por la que se modifica la Ley de Caza presentada por PP, PSOE y Ciudadanos.

Precisamente, la organización ecologista cargó contra las tres formaciones políticas por aceptar la «invitación a delinquir» realizada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñónes, para que enmienden su «ineptitud» y la de los responsables de la Dirección General de Medio Natural, a través de la proposición de ley que se discutirá hoy miércoles en el pleno de las Cortes.

Ecologistas en Acción recordó que los dos autos recientes dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo se suman a otra decena de sentencias judiciales del TSJ que han anulado buena parte de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Caza de 1998, 2011, 2015, las órdenes anuales de caza de 1997, 2002, 2010 y 2016, los planes de conservación y gestión del lobo de 2008 y 2016 y los planes de aprovechamientos comarcales del lobo entre 2015 y 2019. «La ilegalidad reiterada de la regulación de la caza en Castilla y León durante las últimas dos décadas obedece a la incapacidad de la Junta para hacer compatible esta actividad con la normativa de conservación de la fauna», apuntó esta organización.

Un honor.

Por su parte, el popular Reguera llegó a considerar un «honor» la denuncia, convencido de que la Mesa de las Cortes cumplió «escrupulosamente» con sus obligaciones, según informa Ical.

Tras reconocer que Ecologistas en Acción está en su «legítimo derecho» de presentar la citada denuncia, el secretario primero de la Mesa y voz habitual del PP en los debates sobre agricultura, ganadería o medio ambiente reivindicó la importancia de la caza para la gestión de los ecosistemas.

Reguera aclaró que no se puede entender el medio ambiente en un sentido hostil y excluyente del hombre por lo que defendió un «medio ambiente sostenible», diferente del «virginal» que proclaman algunos colectivos ya que «condena a los seres humanos a tribus amazónicas».

Por este motivo, defendió que la proposición de ley sitúa esta práctica «en el nivel que debía y que deberá estar siempre» ya que, según recordó, esta materia no tiene un enfoque permanente o estático sino que responde a un «ente dinámico» que hay que adaptar en función de los acontecimientos.

Precisamente, este mediodía habrá una concentración frente a las Cortes de Castilla y León para reivindicar que se pueda volver a cazar en la Comunidad, promovido por la Alianza UPA-COAG.