Siete meses antes de lo previsto y ante la inestabilidad política a la que asomó Israel a finales del año pasado, los ciudadanos hebreos se citan el próximo martes con las urnas para elegir a su futuro jefe del Ejecutivo. Un puesto al que, nuevamente, aspira Benjamin Netanyahu, el todopoderoso primer ministro que, sin embargo, para esta cita llega con el peso de haber perdido la confianza de sus aliados en el Parlamento -lo que le hizo adelantar los comicios- y, sobre todo, la herida, que pretende cicatrizar con un triunfo, provocada por la Fiscalía, que anunció en marzo su intención de imputarle en tres casos de corrupción.

Cohecho, fraude y abuso de confianza son los cargos por los que el premier se podría enfrentar a la Justicia, que ha decidido posponer la acusación formal hasta que se celebren las elecciones. Estas acusaciones son sobre sospechas de que Netanyahu habría intercambiado o intentado intercambiar favores a empresarios a cambio de caros regalos para él y su esposa, Sara, -caso 1.000-, cobertura positiva en un periódico -caso 2.000- o en un popular digital de noticias por el que intentó sobornar al millonario dueño de un gigante de telecomunicaciones-caso 4.000-.

La investigación no ha sido cosa de un día. Todo lo contrario. Lleva en marcha casi tres años, se ha interrogado a más de un centenar de testigos y tanto Netanyahu como su mujer han declarado ante la Policía durante horas.

La ruptura de la coalición de Gobierno en diciembre fue casi una excusa perfecta para el mandatario. Sabía que la imputación podía llegar antes de marzo y los desacuerdos con sus socios sobre la obligatoriedad del servicio militar o las medidas económicas le pusieron en bandeja de plata el adelanto electoral, que aplaza la celebración de una vista judicial hasta, por lo menos, verano. Y, en caso de que el mandatario se imponga en las urnas, no se descarta que pueda intentar esquivar sentarse en el banquillo: podría solicitar a sus potenciales socios de coalición como parte del pacto de Gobierno que se comprometan a apoyar una ley que prohíba la investigación de un jefe del Ejecutivo en activo o una norma que impida quitar la inmunidad hasta que un diputado concluya su mandato.

En caso de que el proceso siga adelante, sería la primera vez que un premier en el cargo es imputado en Israel. Ehud Olmert -predecesor de Netanyahu- cumplió 16 meses de prisión, pero su condena llegó cuando ya había dejado el puesto, en febrero de 2016.

En cualquier caso, las cuentas del conservador saldrían si es reelegido. Antes, deberá enfrentarse al veredicto de los ciudadanos, más polarizado que nunca. Y es que el dirigente, que plantea estos comicios como un plebiscito a su legitimidad para seguir gobernando, tiene enfrente un rival más fuerte que en las últimas ocasiones. El bloque de centroizquierda se ha unido para arrebatar el poder a un gobernante que se ha radicalizado y pretende juntarse con formaciones de ultraderecha y antimusulmanas.

Todo igualado. El proceso de paz con Palestina, sin visos de retomarse de la mano de Netanyahu, será uno de los principales puntos para el próximo Ejecutivo. También la expansión de los asentamientos de colonos en territorio ocupado -prohibida por la ONU-.

Los últimos sondeos pronostican un escenario tremendamente igualado. El Likud, partido del premier, lograría 30 escaños de los 120 que componen el Parlamento; juntando los asientos de sus potenciales socios, podría alcanzar los 67. Mientras, a la coalición Azul y Blanco, que aúna a centristas, laboristas y musulmanes, le otorgan hasta 53 parlamentarios, que podrían hacer frente con otros partidos al hasta ahora todopodoroso Netanyahu, que insiste en que todo lo que se dice contra él es una «caza de brujas» y recalca que seguirá en el cargo «durante muchos años más». Eso será siempre que los israelíes quieran. Y se lo harán saber en las urnas el próximo 9 de abril.