Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias acudirán a los tribunales si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sigue adelante con la intención de incluir al lobo en el listado de especies en régimen de protección especial (Lespre) tal y como aprobó este jueves la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, lo que impediría su caza al norte del Duero. Los representantes de las cuatro comunidades, que cuentan con el 95% de la población de lobo de todo el territorio nacional, reclamaron al Gobierno que abandone «la política de imposición» y que se sienten «para abordar la problemática desde el diálogo» para así evitar «el grave perjuicio al medio rural» que supondría sacar adelante esta propuesta. Con todo el sector ganadero, rural y de caza apoyando esta decisión, los cuatro gobiernos, formados por Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y PRC, volvieron a transmitir su rotunda negativa a la decisión adoptada este jueves.
En un encuentro telemático, los consejeros analizaron el resultado de dicha comisión, tanto por la forma «indebida» en que se celebró la misma, como por las consecuencias tan «perjudiciales» para la Comunidad, acordando las acciones a seguir, según indicó la Junta de Castilla y León en un comunicado.
Ante esta posibilidad, los servicios jurídicos de las cuatro comunidades analizarán «de forma coordinada» el proceso administrativo hasta llegar a la propuesta de inclusión en el Lespre aprobada este jueves, aunque igualmente denunciaron que se aprecian «múltiples irregularidades» en el procedimiento, entre ellas el hecho de que no se facilitar la participación y correspondiente voto de Ceuta, lo que resultó «determinante» ya que el resultado de la votación fue de nueve votos a favor, incluido el voto del Ministerio y ocho comunidades, y otras ocho comunidades en contra de la propuesta de prohibir el control cinegético al norte del Duero.
Las cuatro CCAA loberas acudirán a los tribunalesInvasión competencial
En el segundo comunicado conjunto lanzado por las cuatro comunidades en menos de 24 horas, estas consideraron que la propuesta supone «una invasión de competencias» de la Comunidad, además de que impide la gestión de la conservación y control poblacional del lobo y constituye «un gravísimo daño» para el sector agropecuario.
De la misma manera, entienden que la postura que defiende el Ministerio va «en contra de la propia estrategia de gestión y conservación del lobo ibérico» aprobada por el mismo Ministerio «con el consenso de todas las comunidades» en unos momentos en los que la especie era «muchísimo menos abundante», pese a lo que se consideraba su conservación «compatible con su consideración como cinegética».
2.600 ataques
Los ataques de lobos a cabezas de ganado enCastilla y León ascendieron el pasado año a 2.578, una cifra similar a la de los últimos dos, de los que el 90% se produjeron al sur del Duero, donde el lobo no se puede cazar.