El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó al Gobierno de España un «cambio de rumbo» y que «mueva ficha» para asumir el liderazgo en la gestión de la pandemia desde la coordinación, colaboración y entendimiento en un «esfuerzo compartido» entre todas las instituciones.
En su comparecencia para analizar la situación de la covid-19 y explicar las últimas medidas adoptadas en la tercera ola, Mañueco defendió que ha actuado con «decisión» desde la prevención y la anticipación, ofreció y pidió colaboración a los partidos políticos y, en especial, a los de la oposición.
En un decálogo, demandó al Gobierno actualizar los criterios del conocido como «semáforo» para evitar la «arbitrariedad» a partir de 250 casos de incidencia acumulada, dotar de la herramienta política intermedia al estado de alarma para realizar confinamientos domiciliarios, aumentar las dosis de vacunas para acelerar su ritmo y tener unas pautas comunes para los profesionales sanitarios.
Igualmente, reclamó agilizar la homologación de títulos de medicina para poder contratar a extracomunitarios, aumentar la formación de especialistas, un paquete de ayudas económicas para el turismo y la hostelería, reparto justo de los fondos europeos con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aplicar un IVA reducido para las mascarillas y convocar la Conferencia de Presidentes, según informa Ical.
Durante su quinta comparecencia en las Cortes para explicar su gestión, sostuvo que las medidas dan resultado «cuanto antes se tomen» y detalló las adoptadas los días 1, 7, 12, 15 y 30 de enero, donde se encuentra el adelanto del toque de queda, recurrido por el Gobierno, y restricciones en toda la Comunidad.
Tras asegurar que ha escuchado a «todos» para la adopción de las medidas, sostuvo que si el Gobierno hubiera visto que se vulneran derechos fundamentales se habría presentado medidas cautelarísimas para la anulación del adelanto del toque de queda, pero no fue así.
En tal sentido, lamentó que el Gobierno haya preferido la vía judicial al diálogo, si bien afirmó que se asumirá lo que diga el Tribunal Supremo, aunque insistió en que la medida está avalada en criterios sanitarios, que ha llevado a una reducción en un 11 por ciento de los contagios; sociales, porque es justa y se cumple por las personas; y jurídica, al ser legal en base a una sentencia del Constitucional que prima el derecho a la vida sobre otros como la movilidad.
También destacó los planes de choque con ayudas con cerca de 70 millones y créditos y liquidez para movilizar casi 700 millones. A ellas, añadió un plan de 20 millones en ayudas directas para el turismo y la hostelería, ampliables en diez millones.
Finalmente, reiteró que para frenar el virus se requiere «el esfuerzo compartido» de todas las instituciones y partidos políticos por lo que pidió y ofreció colaboración.