La Audiencia de Valladolid ha condenado a un año de prisión al apoderado de una empresa que en 2016 suscribió un seguro a nombre de un trabajador de la empresa que se hallaba enfermo y trató de cobrarlo a su muerte. 

Fiscalía solicitaba inicialmente para el condenado una pena de dos años y medio de privación de libertad, si bien minutos antes del juicio el encausado ha llegado a un acuerdo con la acusación pública para que la condena finalmente impuesta quedara rebajada a un año de cárcel y al pago de una multa de 905 euros, junto con la costas procesales, por un delito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa procesal en grado de tentativa, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. 

Los hechos se remontan a 2016 cuando el ya condenado, Marcos J.C, en su condición de apoderado de una mercantil y agente exclusivo de seguros y aprovechando su acceso a los datos personales de los empleados de la empresa, suscribió un seguro de vida a nombre de un trabajador que sabía que se encontraba enfermo y que estaba ingresado en el Complejo Asistencial de Zamora desde el día 6 de septiembre de ese año. 

En el contrato suscrito con la compañía de la que era agente de seguros, Marcos J.C. hizo constar como único beneficiario a su propia empresa y, como así ha reconocido, utilizó la firma del supuesto suscribiente. 

No fue hasta después del 4 de noviembre de 2016, fecha de la muerte del trabajador, cuando el procesado reclamó a la compañía aseguradora el abono de las coberturas de la póliza, si bien se encontró entonces con la negativa de la aseguradora y, en respuesta, presentó demanda el 20 de mayo de 2017 contra la compañía en representación de su empresa. 

Los autos por esta demanda se turnaron al Juzgado de Primera Instancia 8 de Valladolid, donde la compañía aseguradora acompañó su negativa al abono de las coberturas con un informe de unos detectives en el que se desvelaba la actuación de Marcos J.C. 

Ante ello, el reclamante se vio obligado a llegar a un acuerdo por el que desistía de continuar con las acciones y a compensar a la aseguradora con 2.500 euros, y ello a cambio de que ésta también renunciara a emprender cualquier acción civil o penal contra él.