El conjunto de las administraciones públicas dejaron el pasado año sin ejecutar en la Comunidad casi 45 millones de euros correspondientes a contratos licitados que no se llegaron a adjudicar, según se recoge en el ‘Observatorio Sectorial de la Contratación Pública’ de CCOO. En total, de los más de 275 millones licitados solo se adjudicaron 230,1 millones, lo que supone que el 16,3 por ciento de este presupuesto no se gastó.

En el estudio se pone de manifiesto que la Junta fue la administración menos cumplidora al dejar de adjudicar contratos por valor de 27,9 millones de euros, frente a los 13,7 millones de las entidades locales y los 3,1 millones del Gobierno. Así, mientras la Junta licitó contratos por valor de 155,5 millones de euros, sólo adjudicó por un montante de 127,5, lo que supone una reducción del 17,9 por ciento.

En el caso de la Administración Central se licitó por un montante de 21,7 millones y se adjudicó por 18,5 millones, lo que supone un desfase del 14,7 por ciento, porcentaje que en las entidades locales fue del 14 por ciento, dado que fueron adjudicados contratos por valor de más de 84 millones, frente a los 97,7 del global de la licitación.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, Daniel Barragán, que presentó está mañana los datos del Observatorio en Valladolid recogidos por Ical, lamentó este desfase y denució que los 44,8 millones de euros no gastados en Castilla y León hubiera supuesto la generación de miles de empleos y un importante desarrollo empresarial.

Las obras de construcción, el mantenimiento y rehabilitación de edificios e infraestructuras y el suministro de materiales para la realización de los mismos, suponen el 62,5 por ciento del total de contratos del año. Le siguen en peso las actividades de limpieza (con y sin servicios de desinfección específicos) que suman el 15,8 por ciento del total. El tercer lugar,lo ocupa la contratación de carreteras (construcción y mantenimiento) con un 6,7 por ciento de las adjudicaciones en la Comunidad. A partir de éstas, con proporciones inferiores al 4 por ciento, la contratación de servicios de seguridad privada, silvicultura, recogida y gestión de residuos, jardinería, servicios profesionales varios y teleasistencia domiciliaria.

En cuanto a la distribución de los algo más de 230 millones de euros adjudicados en 2020, el 58 por ciento (133 millones)se ha dedicado a obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de edificios e infraestructuras públicas. Casi un 15 por ciento y 34 millones se han invertido en la contratación de servicios de limpieza. El mismo porcentaje e importe ha supuesto la inversión en carreteras. El cuarto lugar lo ocupan las actividades de silvicultura y gestión y explotación forestal que en esta comunidad autónoma cuenta con un papel relevante y ha supuesto un gasto de casi 12 millones. El resto de actividades en los sectores que representa esta Federación han supuesto una inversión pública en la región de prácticamente 18 millones (recogida y gestión de residuos, seguridad privada, servicios profesionales, jardinería y teleasistencia domiciliaria).

Respecto a las reducciones aplicadas, la contratación de actividades vinculadas con la silvicultura y explotación forestal son las más afectadas y han sufrido porcentajes superiores al 25 por ciento, seguido por las actividades de limpieza y demanda de servicios de desinfección que junto con jardinería han resultado adjudicados con precios minorados en un 19,7 por ciento. El cuarto lugar lo ocupa la contratación de obras con un 17,6 por ciento de rebaja. En el lado opuesto se encuentra la contratación de servicios de teleasistencia domiciliaria cuyo precio de licitación y adjudicación ha coincidido y por tanto no ha existido variación.

Congreso

Por otra parte, CCOO Castilla y León celebra hoy su III Congreso de Construcción y Servicios, en el que Lourdes Herreros, la actual secretaria general de la Federación de Construcción y Servicios, encabeza la única candidatura. 

Herreros adelantó que sus principales propuestas son la mejora de las condiciones de trabajo de sectores como el de limpieza, que se ha convertido en esencial durante la pandemia, así como impulsar un nuevo modelo en el sector de la construcción basado en la “sostenibilidad, descarbonización y digitalización”.