Después de cerca de un mes de desencuentros, los partidos políticos de Chile llegaron ayer a un acuerdo histórico para lanzar un proceso constituyente inédito para el país que ayude a frenar las protestas sociales que en las calles.

Así, Gobierno y oposición -a excepción del Partido Comunista- consensuaron un pacto «por la paz social y la nueva Constitución» de dos páginas, con 12 puntos en los que formulan una vía que hasta ahora no se había aprobado en Chile para elaborar una Carta Magna.

El proceso arrancará el próximo mes de abril con un plebiscito en el que los chilenos responderán a dos preguntas: «¿Quiere usted una nueva Constitución?» y, en el caso de voto afirmativo, «¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?», que pondrá fin a la actual Ley Pinochet, en vigor desde 1980, en plena dictadura militar.

Para esta segunda cuestión se proponen otras dos posibilidades que suponen un punto intermedio entre el Congreso Constituyente que quería el oficialismo y la Asamblea Constituyente que reclamaba la oposición.

Las opciones son una Convención Constitucional, que estará formada al cien por cien por ciudadanos elegidos para este fin, o una Convención Mixta Constitucional, conformado a un 50 por ciento por ciudadanos y parlamentarios.

«La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige para los diputados», precisa el acuerdo.

Además, «las personas que actualmente ocupan cargos públicos y de elección popular cesarán en su cargo» al ser designados para esta tarea y, una vez concluida, estarán inhabilitados durante un año para ser candidatos a cargo de elección popular».

El órgano constituyente «tendrá por único objeto redactar la Constitución», por lo que «se disolverá una vez cumplida la tarea». Tendrá que adoptar sus normas y cualquier decisión con un quórum de dos terceras partes.

El plazo para alumbrar el nuevo texto constitucional es de nueve meses, prorrogables por tres meses. El borrador de la Carta Magna tendrá que someterse a referéndum en un máximo de 60 días. En este caso, el voto será obligatorio.

«La nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose la Constitución actual», conocida como Ley Pinochet.

LA PRESIÓN DE LA CALLE. La idea de reformar o redactar directamente una nueva Carta Magna no partió de los partidos políticos, sino de los manifestantes que desde el 17 de octubre han salido casi a diario a las calles de Santiago, Valparaíso, Concepción y otras ciudades. Las protestas comenzaron por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional.

Los chilenos se han seguido manifestando a pesar de que las negociaciones entre las formaciones del Gobierno y la oposición para lograr el cambio constitucional ya habían arrancado. Los partidos han escuchado la voz del pueblo y, por eso, ratificaron en el primer punto del acuerdo «su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público y el total respeto de los Derechos Humanos y la institucionalidad democrática».