La Asociación de Abogados Cristianos solicitó este miércoles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León medidas cautelarísimas para suspender la prórroga de la orden de la Consejería de Sanidad que limita a 25 personas el aforo de celebraciones religiosas en Valladolid y Salamanca.

La organización de juristas denuncia que se está prohibiendo de facto la asistencia a lugares de culto, en concreto a misas, ya que con la limitación de 25 personas muchas personas se quedan sin entrar y “sin poder ejercer su derecho fundamental a la libertad religiosa”.

Además, en un comunicado recogido por Ical, califican la medida de “desproporcionada y arbitraria” y destacan que “la Junta justificaba la restricción porque solamente se iba a tratar de una semana, algo ya cae por su propio peso cuando ahora se está imponiendo una prórroga”.

Asimismo, critican que “el Gobierno regional no haya establecido las mismas limitaciones, por ejemplo, para el Corte Inglés que abrió el pasado domingo de forma excepcional y no precisamente para la venta de productos de primera necesidad”. En su escrito al juez, denuncian que “el informe emitido por la Junta para justificar la medida carece de rigor e incurre en falsedades de forma manifiesta y malintencionada”.

El presidente de Abogados CRistianos, Polonia Castellanos, desvela que dicho informe hace afirmaciones falsas como que “en las misas hay factores de contagio como el agua bendita, cuando no hay agua bendita en ninguna iglesia de Castilla y León”. Afirma que “otra de las justificaciones alegadas por la Junta es que durante los cánticos se expulsan “gotitas de saliva” cuando el uso de mascarillas es obligatorio”.

Castellanos destacó las contradicciones en las que incurre la Junta con este escrito de alegaciones, cuando “el informe apunta como foco de contagio las puertas y los pomos, cuando también existen puertas y pomos en colegios y ahí no se ha puesto ninguna restricción” o con afirmaciones como que “a las misas solo acuden personas de avanzada edad, lo que es radicalmente falso”, “o que se forman aglomeraciones en la puerta de las iglesias, obviando lo que ocurre a la salida o entrada de los colegios”.

También recordó que “una comunidad autónoma no tiene competencias para restringir derechos fundamentales”, y recalca que “la libertad religiosa es un derecho fundamental amparado en el artículo 16 de la Constitución y en todos los convenios de derechos humanos”. “Si permitimos este atropello en un municipio o en una Comunidad Autónoma, termina implantado en todo el país”, concluye.