De la Riva defiende que se fió del secretario general

Ical
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Los exconcejales coinciden en que en las reuniones de la Junta de Gobierno el grupo popular, mayoritario, "votaba colectivamente", sin necesidad de que se dieran por entendidos en materia de Urbanismo

De la Riva defiende que se fió del secretario general

El exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva defendió hoy que siempre se fió del secretario general del Ayuntamiento Valentín Merino y de los servicios jurídicos del Consistorio para tomar decisiones, tanto en materia de Urbanismo como en otras áreas, y “nunca” votó en contra de sus decisiones. De este modo, se liberó de cualquier duda y se reafirmó en su confianza hacia el exconcejal de Urbanismo Antonio García de Coca, uno de los encausados por el caso del PGOU, que se juzga desde el pasado miércoles en la Audiencia Provincial.

“En cinco mandatos que estuve al frente del Ayuntamiento aposté por cinco concejales de este área diferentes y no he dudado de la honestidad de ninguno de ellos. En este caso lo hice por García de Coca por su formación”, respondió a preguntas de la Fiscalía. De la Riva, una de las declaraciones testificales más esperadas de este caso, aseguró que en todos esos años presidió cientos de plenos y no puede “recordar cada uno de ellos”. En relación al celebrado en diciembre de 2003 para remitir documentación final para que la Consejería de Fomento publicara el PGOU definitivo, señaló que hubo un debate entre García de Coca y el entonces portavoz socialista, Ángel Velasco, ya fallecido.

Al respecto, confió plenamente en la “formación en derecho” del secretario general Valentín Merino, que también declaró hoy, a quien preguntó lo que había que hacer. “Merino era uno de los secretarios generales de administración local más reputados de España”, defendió el exregidor, quien aseguró que “estaba en las antípodas políticas”, pues procedía del Partido de los Trabajadores de España, pero una eminencia.

De la Riva explicó que el alcalde tiene la potestad de estructurar las áreas del Ayuntamiento, pero en los asuntos técnicos de cada una de ellas, como es el caso de Urbanismo, asumió “no tener conocimiento”.

Igualmente, se remitió en muchas de sus afirmaciones a la fase de instrucción, pues desde que dejó el Ayuntamiento en 2015 “no ha refrescado nada de esta información”. “Cuando salí sólo me llevé algunas cartas personales”.

En relación a la construcción del aparcamiento de la calle José María Lacort, uno de los puntos que fue modificado, señaló que él vio bien levantar allí esa infraestructura porque “en esa zona sólo existía el del Plaza España”, pero no entró más al detalle “porque los aspectos de temas urbanísticos concretos” no eran de su competencia. De hecho, añadió que “nunca” nombró a un técnico para “hacer un proyecto en concreto” y aseguró desconocer la razón por la que se modificó el plan de esta parcela de José María Lacort. En este sentido, instó al abogado de la acusación popular a preguntar a Inzamac, la empresa con la que el Consistorio tenía contratada parte de la modificación del PGOU. “Dí por bueno lo que dijo la asesoría jurídica”, sostuvo.

En todo caso, reiteró que se dieron “cuenta de una serie de irregularidades” en el Plan General de Ordenación Urbana y se ordenó una investigación.

Por último, descartó que el Ayuntamiento tuviera relación con Grupo Capitol, grupo inmobiliario que patrocinó al equipo de baloncesto de la ciudad durante dos temporadas, y del que José Luis Mayordomo, uno de los encausados y socio de esta empresa, fue presidente. El Consistorio tenía entre el dos y el tres por ciento de las acciones del club por razones simbólicas y el apoyo administrativo al equipo, “como al resto de la ciudad”.

Voto colectivo

Junto a De la Riva hoy testificaron la exconcejal de Participación Ciudadana Maria Luisa Ramírez y el exconcejal de Deportes José Carlos Muñoz Mateo, quienes coincidieron en que en las reuniones de la Junta de Gobierno se votaba colectivamente según las indicaciones del concejal de área, en este caso de Urbanismo, según las propuestas que trasladaba el titular de ese departamento. En este caso Antonio García de Coca, que se sienta en la silla de los acusados.

El que fuera concejal de Seguridad Manuel Sánchez también admitió que estas propuestas se admitían, en base a la posición del grupo municipal. Añadió que a pesar de estar integrado en la Junta de Gobierno en calidad de concejal, no revisaba la documentación que se presentaba y eran propuestas que se aprobaban por unanimidad.

También se refirió a algunas de las licencias de planeamiento urbanístico en las que siempre se basó en la valoración de los informes técnicos. “Daba por hecho que estaban bien”, insistió. En el pleno de diciembre de 2003 votó a favor de la modificación del PGOU “por disciplina de partido”. “Nos hemos enterado de los errores en 2008 y la modificación fue en 2003”, comentó. También admitió que el PP rechazó una comisión de investigación al respecto, solicitada por el Grupo Socialista. Por último, Sánchez sostuvo que el funcionario arquitecto Luis Álvarez Aller, uno de los acusados, “nunca” le presionó para tomar ninguna medida.

El jueves, Silván e Izquierdo

Tras las declaraciones de hoy y de diferentes técnicos durante la jornada de mañana, el jueves será el turno del exconsejero de Fomento Antonio Silván, y del exconcejal socialista Javier Izquierdo, que en 2008 promovió los trabajos que llevaron a los socialistas a presentar la denuncia sobre las modificaciones de varios de los artículos del PGOU.

El juicio por el ‘caso PGOU’ se celebra casi 16 años después de que se produjera la presunta alteración del documento antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, en favor de determinados promotores urbanísticos. La Fiscalía vallisoletana reclama penas de cuatro años de prisión para los integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro contra el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.


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