El Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy publica el convenio alcanzado y firmado por el Ministerio de Consumo del Gobierno de España, la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo del Consistorio vallisoletano.

El objetivo del convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Valladolid, cuyo ámbito territorial viene determinado por el propio municipio vallisoletano, conocerá, con carácter prioritario, de las reclamaciones de los consumidores en dicho ámbito, en relación con sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios competenciales y el procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, informa Ical.

De esta manera, el Ayuntamiento de Valladolid se compromete a impulsar, en su ámbito territorial, la gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su acreditación como entidad de resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre.

Por su parte, el Ministerio de Consumo establecerá, en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo, en cooperación con la Consejería de Empleo e Industria. El Ayuntamiento de Valladolid facilitará información sobre la designación del presidente y el secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la actividad de la Junta, y el Ministerio de Consumo y la Consejería de Empleo e Industria facilitarán el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito territorial del municipio de Valladolid.

Por último, todas las instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.

A los efectos de seguimiento y control del convenio, también se crea una Comisión de Seguimiento, que se reunirá anualmente pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a través de medios telemáticos, y que estará formada por un representante de cada institución firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de Consumo.

La modificación del convenio requerirá del acuerdo unánime y por escrito de los firmantes, que se formalizará en la adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. El convenio configura una actividad de colaboración que no genera compromisos financieros para ninguna de las partes y tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables por mutuo acuerdo de las partes, antes de su finalización, por un periodo de hasta cuatro años adicionales,