Es sorprendente cómo la corriente independentista, a pesar de no que no cuenta con un plan alternativo ni tiene capacidad para desafiar al Estado, sigue agarrándose a pequeños episodios para apelar al oportunismo de su lucha. Esto sucedió este pasado viernes, después de la inesperada detención de Carles Puigdemont por la Policía italiana, que en una semana dejará escrita una nueva página tras la declaración del expresidente de la Generalitat ante el juez.

Las incógnitas que repentinamente se abrieron este viernes propiciaron movimientos y descolocaron a todos. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pudo ver cómo se podía comprometer la negociación con ERC que tiene como único objeto perdurar en el Gobierno de la nación; a los propios líderes de ERC, que parecen verse obligados a mostrar su rostro más radical cuando sienten una presión más estrecha sobre el infructífero ensueño de una independencia inmediata; a los independentistas de Junts, que esperan que se reafirme su contrariedad a la política de pactos de Pere Aragonès, y encuentran en estos gestos motivos para intentar sostener cierta presión en la calle. 

El oxígeno que recibe el independentismo es ahora de combustión rápida, con una fuerte explosión que se agota en sí misma, pero sirve para recordar a los militantes más revolucionarios que sigue viva esta causa perdida, sobre todo cuando la movilización en la calle sigue mostrando apoyo, pero cada vez es más menguante. 

La ciudadanía, en general, se revuelve ante esta situación y recupera una insana efervescencia que propicia un doble discurso asemejado a una doble moral: la necesidad de diálogo, acompañada por una inaceptable petición de amnistía y derecho de autodeterminación. Esta situación se agrava más, si cabe, entre los catalanes que tienen verdadera necesidad de pasar página, y que no acaban de percibir un avance en el diálogo en la propia comunidad, padeciendo el conflicto en su día a día. No cabe, una vez más, la petición de Pere Aragonès de amnistía y derecho de autodeterminación como solución al conflicto. Pero el presidente Sánchez, que sabe que con eso no puede negociar, deja al presidente catalán explayarse, alargando el conflicto sin término, porque es consciente de que está en manos de lo que decida ERC su futuro político más inmediato, con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado sobre la mesa.

Quizás por esto, el Gobierno tampoco está utilizando todas las armas que tiene a su alcance para conseguir que el expresidente Puigdemont se siente en el banquillo de los acusados (promesa hecha por Pedro Sánchez), como sucedió con el resto de los líderes que impulsaron el fallido referéndum y la imposible independencia. Lo que está claro es que el Estado español no está en condiciones de dejar cabos sin atar, y Puigdemont sigue siendo un prófugo de la Justicia española que debe responder por sus excesos.