Los 237 órganos judiciales de Castilla y León ingresaron en 2020 un total de 242.423 asuntos, lo que supone una disminución del 12,6 por ciento respecto al ejercicio anterior, frente a un descenso nacional del 12 por ciento, con 5,52 millones de casos.

Asimismo, estos tribunales resolvieron durante el año pasado, 230.199 casos, con una merma del 15,8 por ciento, por encima de la bajada del 14,1 por ciento en el conjunto de Estado, con 5,22 millones.

Al inicio del periodo había en estos órganos 107.399 asuntos en trámite, un 3,1 por ciento más que en 2019; mientras que se cerró el ejercicio con 117.561 en tramitación, con una subida del 9,4 por ciento, frente a un alza nacional del 11,3 por ciento, con 3,15 millones pendientes. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remarcó que estos datos “evidencian las consecuencias que el confinamiento y la suspensión de la actividad judicial derivados de la crisis sanitaria tuvieron en el funcionamiento de los juzgados y tribunales durante el año pasado”.

El informe difundido por el CGPJ pone de relieve que a lo largo del año pasado, los órganos judiciales de la Comunidad, dictaron 66.419 sentencias, un 20,8 por ciento menos que el ejercicio anterior; 104.449 autos, que bajaron un 12,5 por ciento. Además, se contabilizaron 58.859 decretos.

Las sentencias registradas ascendieron a 38.199, las resueltas a 44.639 y en trámite al final del periodo 113.282 La tasas de resolución (0,95) menguó un 3,6 por ciento, y la de sentencia (0,29), un 0,2 por ciento; mientras que las de pendencia (0,51) y cogestión (1,52) crecieron un 29,9 y 8,9 por ciento, respectivamente. 

La tasa de litigiosidad en Castilla y León fue de 101,2 casos por cada mil habitantes, por debajo de los 116,5 de la media en el conjunto de las autonomías. Las comunidades que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media nacional fueron Canarias (154,1), Andalucía (128,3), Murcia (120,8), Madrid (120,5), Comunidad Valenciana (118,5), Cantabria (118,1), Islas Baleares (118) y Asturias (117,8). Las comunidades con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (80,5), País Vasco (85,5) y Navarra (88,1).

Jurisdicciones

Por jurisdicciones, la actividad de los 149 órganos judiciales en Civil, indica que ingresaron 103.587 asuntos, con una bajada del 9,6 por ciento; resolvieron 99.369, un 12,1 por ciento menos; y dejaron en tramitación al finalizar el año 61.060, con un avance del 4,7 por ciento. Estos tribunales dictaron 35.534 sentencias, con una merma del 15,5 por ciento, y 31.598 autos, un 4,2 por ciento por debajo de 2019.

En la jurisdicción penal, sus 144 órganos en la Comunidad, ingresaron 112.738 asuntos, con un desplome del 15,6 por ciento; resolvieron 109.157, un 17,3 por menos; y dejaron pendientes en tramitación 35.235, un 10,2 por ciento más. Asimismo, dictaron 17.308 sentencias, que suponen una importante disminución del 24,9 por ciento, y 69.256 autos, con una reducción del 16 por ciento.

Por lo que se refiere a la jurisdicción contencioso-administrativa, sus 18 órganos en la Comunidad, ingresaron 6.937 asuntos, un 15,1 por ciento menos; resolvieron 6.534, con una caída del 20,2 por ciento; y dejaron en tramitación al final del periodo de estudio 6.052, un 7,7 por ciento más. Se encargaron de dictar 4.237 sentencias y 2.341 autos, con reducciones del 23,2 y 21,3 por ciento, respectivamente.

Por último, los 24 órganos de la jurisdicción social, ingresaron 19.161 asuntos, que suponen una rebaja del nueve por ciento; resolvieron 15.139, un 24,5 por ciento menos; y dejaron pendientes de tramitar 15.214, con una subida del 32,1 por ciento. Emanaron de estos órganos 8.854 sentencias y 1.254 autos, un 29,8 y 21,9 por ciento por debajo del dato un año antes.