La Junta de Castilla y León reducirá de cuatro a tres meses el plazo para reconocer el derecho a la prestación por dependencia a partir del 1 de enero de 2020 y se marca el objetivo de que sea en un mes al final de la legislatura, en la que existe el compromiso de incorporar a 80.000 nuevas personas al sistema.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, realizó este anuncio durante su visita al Centro de Valoración y Atención a personas con discapacidad de Valladolid, que ha contado con cinco millones de euros del Ejecutivo autonómico y que puso como ejemplo al combinar la tramitación de la valoración de las personas con discapacidad, los servicios profesionales y un mayor “confort” para los usuarios.

Fernández Mañueco recordó, en sus declaraciones a los periodistas, que la Junta reduce a la mitad los seis meses que exige la normativa estatal desde que se presenta la solicitud y se reconoce el derecho a la prestación, pero subrayó el objetivo de trabajar para que se culmine en un mes cuando finalice este mandato.

El presidente de la Junta remarcó que el modelo de servicios sociales de Castilla y León es de “éxito” y un “ejemplo” que se quiere “exportar” y que “se copie” en las comunidades autónomas, aunque tampoco se olvidó del reconocimiento a la sociedad en su conjunto y a la colaboración con el tercer sector para que encabecen los registros externos de valoración.

En ese marco, manifestó que el objetivo de su Gobierno es atender a más personas y con mayor calidad, donde su programa de investidura compromete el reconocimiento del derecho a la prestación a 80.000 nuevas personas. A ello, unió que casi 30.000 personas trabajan en el sistema de prestación de la dependencia en la Comunidad, de las que unas 6.000 están ligadas al Cermi.

Precisamente, el presidente de la Junta aprovechó la visita a este nuevo centro para mantener una reunión con representantes de Cermi, organización que atiende a 22.000 personas en la Comunidad. En el encuentro, se trataron retos de futuro sobre la discapacidad -la Junta prevé una ley de Derechos y Garantías de continuidad de cuidados y de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital- y la colaboración con el tercer sector, que se considera necesaria, y en la que se hará un esfuerzo en la medida de la disposición presupuestaria.

Asimismo, el presidente avanzó que este viernes se ha iniciado la tramitación, a través de Gobierno Abierto, de la orden que regulará el registro de perros de asistencia, medida que permitirá favorecer la autonomía de las personas con discapacidad visual, ya que esos animales, debidamente acreditados e identificados, podrán acceder a lugares de trabajo y ocio, espectáculos, eventos deportivos o transportes públicos.

Fernández Mañueco, junto a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y representantes del Cermi, recorrió después el nuevo edificio, que cuenta con una superficie de casi 4.500 metros cuadrados levantado en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Valladolid, en la avenida de Gijón.

Según la Junta, en estas nuevas instalaciones, donde prima la intimidad y la polivalencia, se unifica en un solo recurso la atención a las personas con discapacidad, la valoración del grado de discapacidad y de la situación de dependencia y el servicio de atención temprana. Para prestar todos esos servicios, esta unidad cuenta con 48 profesionales de diversas disciplinas: médicos, psicólogos, pedagogos, logopedas, fisioterapeutas, estimuladores/ psicomotricistas y trabajadores sociales.