Los desahucios llegaron a convertirse hace una década en una de las consecuencias más crudas de la crisis del ladrillo desatada en 2007. Miles de familias perdieron sus casas, lo que provocó que ciertos sectores sociales se movilizaran para intentar frenar una drama que consideraban injusto y evitable. Todavía están grabadas en la memoria colectiva las imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intentado hacer cumplir las resoluciones judiciales ante la resistencia organizada de grupos de ciudadanos.

Hoy la situación ha cambiado ostensiblemente. Se siguen produciendo desahucios, sí, pero no al ritmo de entonces. De hecho, según los datos que hizo públicos hace unos días el Consejo General delPoder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre de este año solo se ejecutaron 80 en Valladolid. Es la segunda cifra más en un trimestre desde que en 2013 se empezaron a recoger estos datos. Y es una continuación de la tendencia de los últimos años, ya que en 2019 también se alcanzaron mínimos históricos, con 407 lanzamientos (término judicial para referirse a estos procesos). Son un 40 por ciento menos que en el año 2013.

Hay que tener en cuenta que en los datos del primer trimestre de este año hay una pequeña influencia de la declaración del estado de alarma, dado que desde el 14 de marzo todos estos procesos se paralizaron, así como los lanzamientos que tenían una fecha señalada para llevarse a cabo.

Además, todo hace indicar que la tendencia se acentuará en los próximos meses, toda vez que el Gobierno ha prolongado hasta el mes de octubre la suspensión de desahucios que afecten a colectivos vulnerables. No podrán perder sus casas «quienes paguen un alquiler o una renta y se encuentren desempleados debido a la crisis de la covid-19, quienes haya sufrido un ERTE, quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores y quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos», señalan desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Según los Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales del CGPJ, en el año 2013 se realizaron en Valladolid 672 desahucios, que fueron bajando progresivamente, con repuntes en algunos años concretos hasta llegar a los 407 del año pasado y los 80 del primer trimestre de este año.

Y los datos también demuestran que la mayor parte de estos procesos se dan por impago de los alquileres, debido a la subida de las rentas de los últimos años y a que las entidades financieras han encontrado en los últimos años más fórmulas para negociar los impagos de las hipotecas sin llegar a medidas tan drásticas. De eso 80 lanzamientos de enero, febrero y marzo,  67 fueron por no pagar el alquiler, ocho por ejecución hipotecarias y cinco por otros motivos. Bien es cierto que no todos los lanzamiento que aparecen en las estadísticas son familias que se quedan sin hogar, ya que ahí también se reflejan, por ejemplo, los que afectan a un local comercial u otro bien inmueble.

Buscar ayuda 

La crisis sanitaria ha hecho que la plataforma Stop Desahucios deje de reunirse una vez por semana, como venía haciendo desde que se creara hace ocho años. Pero eso no significa que no haya actividad. «Seguimos recibiendo llamadas y atendiendo casos para orientar a los afectados en función del problema que tengan», dice un portavoz del grupo. Al menos una llamada a la semana, sobre todo por problemas derivados del impago del alquiler, aunque esta plataforma tiene más dificultades para mediar cuando se trata de un contrato entre dos particulares. «Hemos recibido llamadas de personas que no tenían alternativa habitacional y han entrado en viviendas de bancos procedentes de ejecuciones hipotecarias o de fondos especulativos», reconocen desde la plataforma. Stop Desahucios asesora a familias que «se ven abocadas» a realizar estas acciones, tanto para informar de los derechos que les asisten como para intentar buscar una solución estable. Y la más habitual es negociar un alquiler social con las entidades bancarias, adaptado a los ingresos de las familias. La plataforma cuenta con una asesoría jurídica compuesta por dos abogados y pide la exoneración de los pagos de la hipoteca de familias vulnerables durante el estado de alarma, en lugar de la moratoria a través de créditos ICO planteada por el Gobierno, porque, aunque no tienen intereses, al final, según ellos, se acaba pagando más por las comisiones bancarias.

También la Administración ofrece sus herramientas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid dispone de alojamientos provisionales destinados a afectados por desahucios, entre otros colectivos. Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades atendió y asesoró el año pasado a 1.757 familias en Valladolid y elaboró un plan de economía familiar a una de cada cinco. De las 2.051 atenciones concluidas (hay algunas familias que requieren más de una atención), en 902 casos actuó como interlocutora con los acreedores. Así consiguió 392 reestructuraciones de la deuda, 42 daciones en pago y en 188 casos se aplicaron otras medidas, como acuerdos de no ejecución, suspensiones de lanzamientos, bajada de intereses, ventas de la vivienda, etcétera. Otros 186 casos se cerraron tras aplicar medidas sociales y 94 después de que la situación de la familia afectada mejorase.

Belén Martínez es abogada especializada en desahucios y reconoce que «el boom de hace unos años con las ejecuciones hipotecarias está ahora mucho más tranquilo». El «considerable parón» se debe al real decreto aprobado por el Gobierno para la suspensión de estos procesos. Una medida que le ha afectado de forma directa. «Yo tenía un lanzamiento señalado para el 7 de abril y se ha puesto una nueva fecha en octubre, ya veremos si se hace efectivo o no», explica. La negociación con la entidad financiera sigue siendo la mejor vía para solucionar estos conflictos, aunque Martínez asevera que la situación de los afectados a veces es tan delicada que es muy difícil alcanzar un acuerdo. En cualquier caso, lo mejor es abordar las conversaciones cuando empieza a haber problemas, y no cuando la situación está tan deteriorada que es irreversible. Unas de las medidas a las que más se ha recurrido en los últimos meses son las moratorias en el pago.

Antonio Berdugo también es letrado especializado en este tema y reconoce que «buena parte de los casos que llegan al turno de oficio, es decir, de personas que no tienen recursos para litigar, tienen que ver con desahucios», aunque también asegura que se siguen llegando a acuerdos previos para evitar ir a juicio.