Pere Aragonès se encamina ya a los 100 días como presidente de la Generalitat. Considerado como el período de cortesía cuando un político llega a un nuevo cargo, el líder del Govern ha tratado de imprimir un sello más posibilista y dialogante que su antecesor, Quim Torra, aparcando la vía unilateral y dando fuelle a una mesa de diálogo con el Gobierno central de la que recela JxCat, enrocado en seguir la hoja de ruta del independendentismo que desprecia cualquier tipo de negociación con Moncloa, incluyendo la de un posible referéndum separatista.
La apuesta del president por el pragmatismo por encima de la quimera secesionista se confirmó también con la Comisión Bilateral, que volvió a reunirse tras más de dos años sin hacerlo. En esta cita, la amnistía de los presos del procés, indultados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y la posible consulta independentista no aparecieron en el orden del día, aunque el líder catalán ya ha defendido que son dos asuntos que siempre estarán en su agenda. En la cita se habló de problemas cotidianos, de la vieja política, de aquello que no está marcado por la locura independentista: traspaso de competencias, inversiones en Cataluña, fiscalidad... Cuestiones aparcadas en los tiempos de Carles Puigdemont y Torra, y que se engloban en la estrategia de potenciar las negociaciones con el Gobierno.
Precisamente, la reactivación de la mesa con el Gobierno de Sánchez, facilitada por los indultos a los nueve presos del 1-O, es uno de los factores que determinará el éxito o el fracaso del mandato de Aragonès, en una legislatura catalana que podría volver a caer en una espiral de tensión si el diálogo no da frutos. No será, eso sí, el único reto al que se enfrentará el líder autonómico en los próximos meses.

Quinta ola

En junio, cuando los indicadores de COVID parecían dar cierta tregua al conjunto de España y también a Cataluña, el Govern levantó algunas restricciones. Por ejemplo, permitió la apertura de los locales de ocio nocturno, aunque con restricciones de aforos, y autorizó la celebración de festivales de música sin distancia de seguridad, pero con los asistentes sometidos a pruebas previas de antígenos. Sin embargo, la Generalitat se vio obligada a dar marcha atrás pocas semanas después, cuando la autonomía ya encabezaba las cifras de contagios en Europa.
Con los hospitales tensionados por la alta ocupación y las UCI de nuevo llenas, el Govern afronta el desafío de reducir los contagios antes del inicio del curso escolar, aferrándose para ello al buen ritmo de la campaña de vacunación. 
Los comunes, mientras tanto, han pedido la comparecencia del vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Jordi Puigneró, por una polémica fotografía en la que aparecía sin mascarilla junto a una veintena de amigos -entre ellos el expresident Puigdemont- en una cita celebrada en el sur de Francia sin medidas de seguridad.

El Prat y presupuestos

Puigneró fue también protagonista del acuerdo con el Gobierno para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, un proyecto controvertido porque puede conllevar alargar 500 metros la tercera pista del aeropuerto, lo que supondría invadir el estanque de La Ricarda, en el Delta del Llobregat, un espacio protegido por la red europea Natura 2000.
Los planes de ampliación generan reticencias en sectores de ERC y JxCat y suscitan el rechazo frontal de la CUP, socio con el que el Govern espera aprobar los Presupuestos de 2022 -que debe presentar en otoño-, por lo que Aragonès tendrá que hacer equilibrios para lograr la estabilidad parlamentaria.

Competencias

Una parte fundamental de la estrategia del republicano pasa por rebajar la tensión con el Gobierno central, desmarcarse de la idea de confrontación que recetaba Torra y obtener éxitos tangibles en la gestión del día a día de las competencias autonómicas. De momento, en la Comisión Bilateral acordó crear en octubre un grupo de trabajo para estudiar 56 traspasos reclamados por el Ejecutivo catalán. 
Para evitar ser acusado desde el independentismo de volver a la política pujolista de «peix al cove» (pájaro en mano), Aragonès ha avisado que los traspasos no serán «moneda de cambio» para rebajar las reivindicaciones separatistas.

Mesa de diálogo

A mediados de septiembre está previsto que se reactive la mesa de diálogo sobre Cataluña, pactada por ERC y el PSOE en 2020 pero que solo llegó a reunirse una vez, justo antes de la pandemia. Los republicanos quieren forzar a Sánchez a negociar una amnistía y un referéndum, aunque el Gobierno ha advertido que solo explorará soluciones que respeten el Estatut y la Constitución, una postura que ha llevado a JxCat a redoblar su escepticismo. Los de Puigdemont no quieren esperar dos años para plantear una alternativa, que podría implicar retomar la vía unilateral, lo que puede generar tensiones con sus socios de Gabinete.

Unidad

Desde el agitado otoño de 2017, después del referéndum unilateral del 1-O, las peleas entre JxCat y ERC han impedido recomponer la unidad estratégica del independentismo, aunque ambos socios, que comparten Gobierno, se han propuesto trabajar discretamente para pactar una hoja de ruta para continuar el procés si no es posible un referéndum pactado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Así, acordaron crear un «espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica» integrado por ERC, JxCat, la CUP, la ANC y Òmnium, en el que por primera vez desde 2017, y gracias a los indultos, podrán hablar Carles Puigdemont y Oriol Junqueras si sus partidos así lo estiman oportuno.
Si ERC y JxCat no consiguen reconducir sus divergencias -los Presupuestos Generales del Estado serán otro motivo de choque-, el Govern puede sufrir turbulencias a mitad de legislatura.