Casi 38.000 afectados por ERTE presentados ante la Junta

D. V.
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El número de expedientes de regulación temporal de empleo solicitados en Valladolid al Gobierno regional desde que comenzó la pandemia asciende a 6.754

Michelin es una de las empresas que ha aplicado un ERTE. - Foto: El Día

Las solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ante la Junta de Castilla y León suman 32.141, con 202.658 trabajadores potencialmente afectados, según los datos actualizados este viernes por el Ejecutivo autonómico.

En cuanto a las oficinas territoriales de Trabajo, la de Ávila ha registrado 1.965 solicitudes que afectan a 7.385 trabajadores; la de Burgos, 5.040 para 28.015 trabajadores; la de León, 5.653 y 23.964 respectivamente; Palencia, 1.792 y 10.014; Salamanca, 4.475 y 21.319; Segovia, 2.232 y 10.137; Soria, 1.288 y 7.883; Valladolid, 6.754 y 37.933, y Zamora, 2.282 y 8.111.

Por su parte, la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales ha recibido 660 solicitudes de ERTE que afectan a 47.897 trabajadores.

Por sectores, hostelería, con 8.776 solicitudes; comercio y mecánica, con 6.937, e industria manufacturera, con 2.086, son los más afectados por esta situación.

Las oficinas territoriales de Trabajo de Castilla y León son las encargadas de recibir estas solicitudes cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en una provincia, mientras que a la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta le corresponde cuando tiene más de 200 trabajadores afectados, o su plantilla desarrolle su actividad o se encuentre adscrita a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias de la Comunidad, o dos o más comunidades autónomas, pero con el 85 por ciento de la plantilla de la empresa, como mínimo, en el ámbito territorial de Castilla y León y existan trabajadores afectados en la misma.

Por su parte, el Ministerio con competencias en el ámbito laboral se encarga cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas.