La Junta de Castilla y León reclama al Gobierno de España y al Ministerio de Sanidad que habilite un «un instrumento legal» común para todas las comunidades que «permita un confinamiento ágil» por ciudades o barrios y una toma de decisiones «muy rápida» si los casos se disparan. «Cada día que pasa sin ese instrumento, que pueden ser estados de alarma parciales, se incrementa el riesgo de que vuelva a suceder lo mismo que la semana previa al estado de alarma, entre el 8 y 15 de marzo», expuso el vicepresidente y portavoz de la Junta,FranciscoIgea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que precisó que no ya no cabe la excusa de que lo que sucede es algo imprevisto. «Si tenemos un problema por falta de esa herramienta sería imperdonable», añadió Igea, quien confió en que en la reunión celebrada ayer del Consejo Interterritorial de Salud para tratar sobre el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia se sustancie este instrumento. El portavoz señaló que existen diferentes fórmulas y aunque no concretó ninguna señaló que sería «imperdonable» que en España volviera a ocurrir la situación de marzo por no tomar medidas. Por ello, exigió que el Ejecutivo adopte una decisión de forma urgente. «No podemos seguir así», dijo porque la situación en una parte del país se está «deteriorando» en su opinión. «Si hay que confinar una ciudad, una capital, por grande que sea hay que hacerlo», afirmó Francisco Igea, que insistió en repetidas ocasiones en que «no podemos repetir el escenario de marzo». «Sería imperdonable», recalcó, según informa Ical.
«No existe ya la excusa de imprevisto, no existe lo imprevisto, ya sabemos qué ocurre», dijo, por lo que avanzó que solicitarán que a la mayor brevedad posible se actúe, porque añadió sería inadmisible que volviera ocurrir lo vivido por falta de una norma, diligencia o falta de rapidez en la toma de decisiones. En ese sentido, Verónica Casado señaló que están «muy tranquilos» en Castilla y León por la evolución del virus, pero recalcó que en otras comunidades se ve cómo los casos se disparan y se duplican de día en día, lo que añadió exige ingresos hospitalarios y extender las camas de críticos. «Estamos en el momento de poder evitarlo», dijo.
Igea incidió en que la restricción de derechos a una persona por motivos de salud debe ser ratificado por un juez, con una autorización prácticamente para cada persona, lo que se complica cuando haya que recurrir a un confinamiento extenso, como el caso de Lérida. «No puede ser que cada autonomía tenga que actuar de forma diferente», reiteró el vicepresidente regional.
Edad de contagio. Finalmente, la consejera de Sanidad señaló que en esta nueva normalidad se ha visto que la edad de los contagiados es distinta a la de la primera oleada, puesto que se sitúa entre los diez y los 50 años, con una edad media en Castilla y León de 56 años. Además, destacó que de estos el 70 u 80 por ciento hasta ahora son asintomático y el resto presenta una sintomatología leve, pero advirtió de que cuando aumentan los casos, la posibilidad de que sean moderados o graves crece de una manera «clara».