España tiene en información pública desde la semana pasada y hasta el 4 de febrero su Plan Estratégico para la Política Agrícola Común (PAC), que regirá desde 2023 A 2027; una guía aún pendiente de posibles modificaciones pero que ya perfila cómo será la hoja de ruta para conseguir la agricultura más verde de la historia. En la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se pueden consultar, por una parte, el dossier con la versión inicial del plan estratégico (219 páginas); y también las 1.300 páginas de su Estudio Ambiental Estratégico, que dan una idea de la importancia concedida a las prácticas de sostenibilidad medioambiental. Esta mayor ambición ambiental y climática tienen su respaldo presupuestario, ya que España estima que el 43 % del total del presupuesto contribuirá a dichos objetivos.

De lo que será la PAC en esos cinco años, de los documentos mencionados se pueden sacar algunas claves. España contará con 47.724 millones de euros para ese periodo, entre los que destacan los montantes destinados a los pagos acoplados (24.290 millones de euros), a ayudas básicas a la renta (12.080 millones), a eco-regímenes (5.552 millones), a ayudas complementarias a la renta (2.414 millones) y al pago a jóvenes agricultores (482 millones).

Se contará con herramientas similares a las actuales: habrá ayudas desacopladas (ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y que no requieren un tipo concreto de producción para percibirlas; son las herederas del actual pago básico); estas ayudas podrán incrementarse con pagos complementarios en el caso de explotaciones pequeñas y medianas y también para los jóvenes y las mujeres. Además, hay ayudas asociadas, que están ligadas a cultivos o especies ganaderas concretas.

Las ayudas estarán sujetas, además, a la condicionalidad reforzada, que es el cumplimiento de una serie de buenas prácticas agrarias y medioambientales, así como requisitos legales de gestión en materia de clima y medio ambiente, salud pública, sanidad animal y vegetal, y bienestar animal. Es decir, en la futura PAC la condicionalidad reforzada es más exigente que la actual condicionalidad como respuesta al reto ambiental y climático. Una de las grandes novedades son los ecoesquemas, que son pagos anuales a los agricultores que acepten compromisos en materia medioambiental que vayan más allá de la condicionalidad reforzada. Asimismo, habrá programas sectoriales, ayudas asociadas a la producción y todas las intervenciones de desarrollo rural. En el caso de los programas sectoriales, en España ya existen los de frutas y hortalizas, vino y apicultura, pero se abre la opción de extenderlos a otros sectores, como el olivar tradicional.

Punto caliente.

Los ecoesquemas son uno de los asuntos que más debate ha generado en el sector. Hay dos grupos -ecoesquemas para una agricultura baja en carbono y los de agroecología-, con siete prácticas en total que supondrán un 25% de los pagos directos, lo que da idea de la importancia que se le da a los retos medioambientales.

En las relacionadas con el carbono se incluyen cuatro acciones posibles: el aumento de la capacidad de sumidero de carbono de los pastos con el impulso del pastoreo extensivo durante un periodo mínimo de entre 90 y 120 días al año; la agricultura de conservación, que consiste en el mantenimiento de la cubierta vegetal del suelo durante todo el año mediante la supresión del laboreo en al menos un 40% de la extensión de la explotación; el mantenimiento de vegetación espontánea o sembrada en cultivos leñosos, destinado a aquéllos que quieran mantener una cubierta vegetal en las calles del cultivo como alternativa al manejo convencional del suelo; y el depósito en el suelo de los restos de poda, una vez triturados.

En los de índole agroecológica se enmarcan las prácticas de mantenimiento y mejora de la biodiversidad mediante la siega sostenible y los espacios de biodiversidad en las superficies de pastos, que supone una siega sostenible, con un número menor de cortes al año o, alternativamente, en el mantenimiento de islas o espacios de biodiversidad y de elementos del paisaje o elementos estructurales como muros o setos, en un porcentaje mínimo del 7%; La conservación de espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes, que consiste en dejar un porcentaje determinado de tierra sin cultivar (dependiente de si es secano o regadío) adicional al 3% de elementos no productivos exigido por aplicación de la condicionalidad, que en cultivos permanentes, exento de ese 3%, será del 4%; y las rotaciones en tierras de cultivo, que, como regla general, supondrá el cambio de cultivo cada año de, al menos, el 40% de la superficie de tierras de cultivos herbáceos acogidas a esta práctica.

El plan se articula en torno a nueve objetivos específicos integrados en cuatro bloques (económico, ambiental, rural y del consumidor), más un objetivo transversal sobre modernización del sector, a través del fomento y la puesta en común del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales. El bloque ambiental es el que más objetivos recoge, un total de 30, entre los que figura minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la captura de carbono o reducir el impacto del cambio climático. En el bloque económico se establecen 21 objetivos, en rural se sintetiza en 17 necesidades y en el del consumidor figuran nueve finalidades.

La Comisión Europea hizo a España 17 recomendaciones y todas coincidían con la propuesta española, salvo una referente a la necesidad de llevar banda ancha al 100% en 2025 en las zonas rurales y remotas, pero que el Gobierno asegura que se cubrirá con la estrategia España Digital 2025.

Entre todos los conceptos que aparecen en la nueva PAC, e de «agricultor activo» ha sido el que más debate ha suscitado en España porque de ello depende la recepción del pago básico. Finalmente, se considerará activo cuando esté afiliado a la Seguridad Social agraria por cuenta propia, o bien cuando un mínimo de 25% de sus ingresos proceda de la actividad agraria. Por otro lado, se establece en 40 años la edad límite para poder ser joven agricultor. Además, a todo profesional al que se le deba conceder un montante en virtud de la ayuda básica a la renta cuyo importe sea superior a los 60.000 euros se le aplicará una reducción a la renta que sobrepase dicha cantidad. Se recortará un 25% para el tramo comprendido entre 60.000 y 75.000 euros; el 50%, entre 75.000 y 90.000 euros; del 85% para 90.000-100.000 euros y del 100% para los importes que superen los 100.000 euros.