El positivo por covid registrado por la empleada de una residencia de ancianos de Valladolid acusada de apoderarse de más de 221.000 euros de la cuenta de una residente de 81 años ha obligado a la Audiencia Provincial a suspender el juicio que tenía previsto celebrar contra ella el próximo lunes, 17 de enero. Así lo ha notificado la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial a través de una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, sin que haya sido fijada por el momento nueva fecha para la celebración de la vista oral.

A un total de siete años de prisión asciende la solicitud global de condena formulada por la Fiscalía de Valladolid para la empleada de la residencia de ancianos, que compartirá banquillo con otra encausada a la que la primera, presuntamente, 'reclutó para que hiciera en su nombre más de 200 extracciones de la cuenta bancaria de la anciana.

La presunta autora, María Asunción B.S., y su supuesta cooperadora, Esther O.F, acusada la primera de un delito continuado de estafa y otro de hurto y la segunda tan solo del primero, se enfrentan a peticiones en el primer caso de siete años de prisión y multa de 3.600 euros y de dos años y 1.080 euros la otra por su supuesta complicidad.

Además, la acusación pública solicita a la principal acusada que indemnice a los herederos de la víctima, ya fallecida, en más de 221.245 euros en concepto de las extracciones realizadas de su cuenta bancaria, así como con otra cantidad, a determinar en ejecución de sentencia, por el valor de unas joyas que, presuntamente, hurtó de casa de la anciana y también con otra cuantía a concretar por las rentas no abonadas por el alquiler de dicho inmueble que acordó con la residente.

De los más de 221.000 euros debería responder, como responsable civil subsidiario, la residencia de Valladolid sita en la calle Juan de Juni en la que se encontraba la víctima y donde trabajaba María Asunción B.S, pues se da la circunstancia de que esta última es hija de la titular del centro residencial.

En el juicio, una vez se fije nueva fecha, se analizará lo ocurrido entre abril de 2017 y noviembre de 2018 con una anciana de 81 años alojada en la referida residencia, periodo en el que la principal acusada, en su condición de trabajadora del centro y conocedora de la suculenta cuenta bancaria de la víctima, la convenció, presuntamente, con engaños para que solicitara una tarjeta de débito que una vez en su poder comenzó a utilizar para realizar extracciones diarias en cajeros automáticos de la mercantil.

SUELDO DE 2.000 EUROS POR EXTRAER 1.000 DIARIOS

Con el fin de evitar dejar rastro, María Asunción B.S. contactó con la otra acusada, persona de su confianza, para que a cambio de una remuneración de 2.000 euros mensuales realizara para ella las extracciones en los cajeros, a razón de 1.000 euros al día, hasta que en noviembre de 2018 entre ambas lograron vaciar la cuenta de la anciana, siempre según la tesis de la acusación pública.

A mayores, la principal acusada también realizó otras adquisiciones, como un aspirador marca Dyson y un vehículo Nissan Juke, amén de diversas obras que realizó en su piso. También se le imputa haber logrado de la anciana que le alquilara su vivienda habitual, una vez que la mujer pasó a la residencia, y no abonarle los 500 euros de renta que tenía comprometidos mensualmente con la arrendadora pues, como así apunta el fiscal, "nunca tuvo intención de pagar".

En la referida vivienda se encontraban varias joyas, titularidad de la anciana, que la acusada vendió en un establecimiento a cambio de 2.150 euros.