Ecologistas en Acción cargó hoy contra la Junta por autorizar a Renault España la utilización en sus procesos pinturas al disolvente en lugar de al agua o en polvo, por motivos “esencialmente económicos”, hasta el punto de que el documento europeo sobre mejores técnicas disponibles (MTD) para el revestimiento de piezas de plástico señala textualmente, según la organización verde, que “para instalaciones nuevas o mejoradas constituye una mejora reducir las emisiones de disolventes priorizando los sistemas de base acuosa”. Todo ello, porque las pinturas al disolvente son “más tóxicas para los trabajadores, que se ven más expuestos a los disolventes orgánicos”.
Así respondió a un comunicado remitido hoy por la Consejería de la Presidencia, sobre la defensa que los servicios jurídicos de la Junta desarrollan al respecto, después de que Ecologistas alegara en contra de esta autorización administrativa. A su juicio, informó de que el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha emitido dos informes en los que manifiesta que “aceptar el mantenimiento de la tecnología de base disolvente constituye una regresión tecnológica clara y evidente” que supone “dejar de usar en la práctica la mejor tecnología disponible a costa de incrementar en la zona las emisiones de hidrocarburos tóxicos para la salud”, en un planta, continúa, “a menos de dos kilómetros de las primeras viviendas de Laguna de Duero y a menos de uno de las primeras de Valladolid”.
A juicio de Ecologistas en Acción, lo que “realmente pone en peligro el empleo y la salud de los trabajadores de Renault Valladolid, de sus familiares y de las 400.000 personas que viven en el entorno es la resistencia de la empresa a adaptarse a la legislación ambiental, usando materias primas menos tóxicas y con menores emisiones contaminantes a la atmósfera”.
En este sentido, cargó también contra “la impostura de la Junta, que no cumple con su obligación de elaborar un plan de mejora de la calidad del aire para Valladolid, pese a haberlo pedido formalmente los ayuntamientos de Laguna de Duero y de la capital, y que ha asumido una vez más la defensa de los intereses económicos particulares de una empresa privada y su supuesto derecho a contaminar”.
Por ello, instó al Gobierno autonómico a elaborar el preceptivo plan de calidad del aire para reducir el ozono, contaminante “que cada año ocasiona 30 muertes prematuras por enfermedades respiratorias y cardiovasculares en Valladolid”, según publicó recientemente el Instituto de Salud Carlos III. Un plan, añadió la organización verde, al que le obliga el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
500 toneladas de pintura al disolvente
Igualmente, Ecologistas recordó que recurrió la última modificación sustancial de la autorización ambiental de Renault España en Valladolid ante la “continuada negligencia” de la Junta. A su juicio, la nueva línea de pintado de carrocerías permite utilizar cada año 500 toneladas de pinturas al disolvente, “incrementando las ya elevadas emisiones de hidrocarburos volátiles de la empresa, próximas a las mil toneladas cada año, en una zona donde se incumple el objetivo legal de calidad del aire”.
Además, señaló que la “correlación” entre las emisiones de hidrocarburos o COV y los niveles de ozono en la estación de control Renault 1 en los últimos años “pone de manifiesto que como es lógico, a mayores emisiones de hidrocarburos se producen niveles de ozono más altos”. “Un fenómeno perfectamente descrito por la literatura científica y frente al cual las autoridades regionales sólo alcanzan a esgrimir indeterminaciones y excusas, no amparadas en estudio ni informe técnico alguno, cuando no a reproducir textualmente los argumentos de la empresa, omitiendo su función reguladora y de protección de la salud y el medio ambiente”, reprochó en un comunicado, en el que cargó directamente contra el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, por “intenta linchar con argumentos falaces y presunciones insultantes” a la organización verde.