Los alojamientos turísticos se han puesto en los últimos años en el ojo del huracán. El fenómeno irrumpió en España en 2012 de la mano de AirBnb y tras colonizar las grandes capitales y las zonas de costa, se fue a por el resto de las provincias. En Valladolid llegó tímidamente y ha sido ahora cuando se ha producido su eclosión, lo que ha obligado a la puesta en marcha de medidas de coordinación entre Junta y Policía para sacar de la ilegalidad las más de 300 referencias que hay en las plataformas de alquiler.
El problema es múltiple para el sistema. Por un lado, constituyen un foco de conflicto con el resto del sector de hospedería, porque han venido jugando con otras reglas, al eludir el pago de unos impuestos que permitían que los precios se saliesen del mercado. Por otro, esa falta de paso por caja perjudicaba a las administraciones que veían en estos alojamientos una vía de movimiento de dinero negro que escapaba a su control, ejerciendo una actividad económica por la que administraciones regionales y ayuntamientos no ingresaban ni un euro. Y, además, su clandestinidad favorecía su uso por terroristas y el crimen organizado, lo que era un grave problema de seguridad.
LAS SANCIONES
La regulación de la Junta de Castilla y León, entidad competente en la materia, llegó en febrero de 2017, estableciendo una serie de obligaciones para todas las viviendas turísticas para, además de saber que están funcionando mediante la pertinente inscripción en un registro regional, conocer cuáles eran los servicios que daban, los precios que cobraban, así como las condiciones que en materia de seguridad ofrecían. Todo ello debía estar recogido en la ‘declaración responsable’ que deben aportar en la Consejería de Cultura y Turismo en el momento de la inscripción.
Un cumplimiento de la ley que, en cualquier momento, puede ser verificado tanto por inspectores de la Junta como a través de visitas que efectúa la propia Policía. La norma regional establece sanciones que van de los 300 a los 90.000 euros, en función de si se considera una infracción leve, grave o muy grave.
REGISTRO DE LOS CLIENTES
Pero, además de la normativa que aprobó la Junta de Castilla y León en 2017 con esa serie de sanciones, la Policía Nacional aplica a todos los alojamientos turísticos la Ley de Seguridad Ciudadana (de ámbito nacional) que establece multas de 100 a 600.000 euros, sin descartar la concurrencia de algún delito si se demuestra, por ejemplo, que se dio cobertura a un delincuente de un modo consciente. «Si vemos que hay una colaboración con la persona que alojaba, se valoraría si se pudo incurrir en un delito penal, más allá de la multa por no comunicar que tenía a tal inquilino en su casa», tal como apuntan desde la Policía que recuerdan que, en su caso, «lo más importante es el registro de los clientes». Tanto, que las sanciones por no comunicar la identidad de los inquilinos están dentro de las infracciones graves, castigadas con multas de hasta 30.000 euros.
Para facilitar esta labor a la que están obligados los propietarios de estos alojamientos, la Policía tiene un gestor web que permite que los arrendadores se den de alta en un sistema que permite hacer todas esas comunicaciones de manera telemática. Ya sea por internet o presencialmente, los datos de los inquilinos -los llamados ‘partes de hospedería’- deben estar en manos de las Fuerzas de Seguridad en las 24 horas siguientes al inicio del alojamiento.