Dos de los siete afectados de ceguera en Castilla y León tras ser tratados en el Hospital Río Hortega de Valladolid con el Ala Octa, un producto retirado en junio de 2015 por la Agencia Española del Medicamento tras descubrir que se encontraba contaminado, han reclamado este jueves que se haga justicia con sus casos y que, al menos, se compense económicamente el daño "irreversible" sufrido y que ha cambiado "radicalmente" sus vidas. 

Es la llamada que ambos afectados, Amaya Gil Sendino y Rafael Martínez, de 41 y 47 años, respectivamente, han realizado minutos antes del juicio por estos hechos iniciado en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, donde el bufete vasco Gómez Menchaca se presenta con una reclamación de más de 200.000 euros para cada uno de ellos que, según precisa, habrían de afrontar el Sacyl, el fabricante alemán Alimedics, la distribuidora WM Bloss de Cataluña y la aseguradora Mapfre. 

El proceso en el TSJCyL llega tras un lustro de reclamaciones de los afectados frente al silencio administrativo de la Consejería de Sanidad, y ello a pesar de que otros casos en distintas partes de España ya se han saldado con sentencias condenatorias, como la que impuso 25.000 euros al Servicio Cántabro de Salud o la que otorgó 307.000 a otro paciente que fue operado en un centro privado de Córdoba. 

En el caso de estos dos vallisoletanos, la pesadilla no les abandona desde que fueron operados en el Hospital Río Hortega, Amaya Gil Sendino en septiembre de 2014 y Rafael Martínez en 2015, sin que, lógicamente, sospecharan de que el producto denominado Ala Octa, un perfluoroctano utilizado para pegar la retina y que viene siendo empleado con éxito desde hace más de dos décadas en todo el mundo, pudiera ocasionarle daños irreversibles debido a que se encontraba contaminado de origen en su proceso de fabricación. 

"Desde el primer día no veía. Fueron pasando los días y seguía sin ver del ojo derecho, y los médicos no entendían por qué ya que tenía la retina perfectamente pegada", ha explicado Amaya, quien, en declaraciones a Europa Press, recuerda que salió de dudas tras ver un caso en la tele de un paciente en el País Vasco que había quedado ciego tras el uso de un producto tóxico en una operación de desprendimiento de retina. 

La afectada comenzó a "atar cabos", se puso en contacto con el despacho de abogados que representaba al afectado y "¡bingo, los dos casos eran idénticos!", ha incidido Amaya, quien, pese a todo, da gracias a que no llegó a operarse por el mismo procedimiento del ojo izquierdo y finalmente se sometió a una intervención de láser. 

"De haberme operado de los dos con la misma técnica, hoy estaría ciega", asevera con alivio la afectada, cuyo ojo izquierdo cuenta con una visión cada vez peor--tiene ocho dioptrías--debido al esfuerzo para sustituir al perdido. RECONVERSIÓN LABORAL 

La demandante, con todo, ha visto cómo a partir del día de la operación su vida a cambiado de forma "radical", no sólo porque no puede conducir sino porque tuvo que dejar su trabajo de administrativa, después de 17 años, para reconvertirse a un empleo que encontró, no sin mucho esfuerzo, en el sector servicios. 

Amaya exculpa de lo ocurrido al especialista que le operó, "ya que no es una negligencia médica porque el experto operó con lo que tenía a su disposición", pero sí exige justicia y una compensación económica porque "el daño ya está hecho". En este sentido, ha hecho un llamamiento a la Consejería de Sanidad y resto de partes codemandadas. "¡No somos números, somos personas que están sufriendo mucho y a las que nos ha cambiado la vida de forma radical!" 

Idéntico caso es el del también reclamante Rafael Martínez, un profesor de autoescuela e integrante de un negocio familiar que se vino al traste a raíz de la operación de desprendimiento de retina en su ojo derecho al que fue sometido en 2015 en el Río Hortega. 

Pasó años "muy apurados" buscando un nuevo trabajo, primero limpiando casas, luego en la ONCE y desde hace un año como peón de obras para el Ayuntamiento de Arroyo. 

Rafael pide también justicia y, sobre todo, "que acabe todo, pasar página", algo que, como así advierte con cierto enojo, "podría haber ocurrido hace ya mucho tiempo si tuvieran un poco de empatía", en clara alusión a los que considera responsables de lo ocurrido. 

La batalla judicial se ha iniciado hoy pero el juicio no ha quedado visto para sentencia ya que tan sólo han comparecido varios peritos para informar del daño causado a los dos pacientes.