Los CEAS de la Diputación de Valladolid incrementaron su actividad un 15 por ciento a causa de la pandemia del COVID-19, según expuso hoy el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que acompañado del alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, hicieron balance de las actuaciones de los 13 centros de la provincia.

"Son la puerta de acceso al sistema público de Servicios Sociales. Es a través de ellos como se puede acceder a todos los programas que las distintas administraciones ponemos en marcha”, dijo Conrado Íscar, quien precisó que atienden a las “67.551 personas de la provincia son usuarias de los servicios sociales, sobre una población total censada de 178.205 habitantes. Es decir, el 37,91 por ciento de la población de la provincia es usuaria de los servicios sociales”.

Esas son las cifras recogidas en el Sistema de Acceso Unificado de Servicios Sociales, la base de datos y programa de gestión para la provisión de recursos y emisión de informes y propuestas de concesión de prestaciones y servicios, que destaca también como en algunos CEAS de la provincia el número de usuarios supera el 50 por ciento de la población censada. Es el caso de los CEAS de Tierra de campos, Tordesillas, Peñafiel o Serrada.  

Asimismo, explicó que la pandemia ha incrementado "notablemente" la carga de trabajo de los CEAS, que solo en 2020 recibieron un total de 18.725 citas, “la cifra es la más alta registrada en los últimos años, superando incluso las cifras de los años de la anterior crisis económica. Con respecto a las cifras de 2019 supone un incremento del 14,88 por ciento, la cifra más alta de los últimos años, superando incluso las cifras de la anterior crisis económica”.

También se produjo un aumento de las personas atendidas, llegando a las 14.292, lo que supone una subida del 2,11 por ciento con respecto al año anterior. Ello, destacó la Diputación, fue posible gracias al incremento de la plantilla de los CEAS, que han pasado de 48 a 60 trabajadores sociales que prestan una atención directa y personalizada.

Recuperación

Conrado Íscar indicó que los datos de las diferentes líneas de actuación demuestran “la crudeza de la crisis social y económica que ha llegado unida a la pandemia”. Es el caso de las Prestaciones de Emergencia Social (PREUS), de los que en 2020 se han tramitado 306 expedientes, frente a los 187 de 2019, lo que supone un crecimiento del 63,64 por ciento. 

Crecen también las ayudas concedidas, llegando a las 416, y crece el presupuesto hasta los 173.675 euros, lo que supone un incremento del 84,39 por ciento con respecto a 2019. En la primera mitad de este año, ya se han concedido ayudas por importe de 91.565 euros, y la previsión es que se vuelva a producir un incremento a final de año de un 5,37 por ciento (183.000 euros).  

Por otro lado, aumentaron los programas de colaboración con las organizaciones del tercer sector (Cáritas, Cruz Roja y banco de Alimentos, especialmente), y se mantuvo el servicio de comida para menores, previsto en principio para las vacaciones escolares y que tuvo que reforzarse con el cierre de los centros educativos. 

Esto supuso atender a 251 menores que participan en el programa de alimentación infantil y a 538 niños de 401 familias de la provincia a los que hubo que facilitar una ayuda especial porque disponían de beca de comedor pero estaban fuera del trabajo ordinario de los servicios sociales.

"En total, en este apartado de lucha contra la emergencia social, estamos hablando de una inversión total en 2020 de más de 510.000 euros, lo que nos sitúa en cifras del año 2015”, dijo Íscar.

Asimismo, y por lo que se refiere a dictámenes vulnerabilidad social en procedimientos judiciales de desahucio a petición de los juzgados de primera instancia, el pasado año se emitieron 44 informes, mientras que a fecha 15 de julio, este año se hecho ya 40 informes más, pese a que se han prorrogado las medidas excepcionales para evitar este tipo de situaciones.

Ayuda a domicilio y teleasistencia

La Diputación explicó que el "miedo al contagio" hizo que descendiera notablemente el número de usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia. Sin embargo, las cifras de ambos servicios se están recuperando.  

Así, en el caso de del Servicio de Ayuda a Domicilio, que vivió 495 bajas en las primeras semanas de la pandemia, pasó de los 2.126 usuarios de 2019 a 2.044 el pasado año, con un descenso también en las horas de servicio del 1,64 por ciento. Este año, la cifra de usuarios es ya de 2.164, con un incremento del 5,87 por ciento, y el número de horas de prestación de servicio se calcula en 550.000, lo que supondrá un crecimiento del 8,55 por ciento.

En cuanto a la teleasistencia, la pandemia también supuso un descenso en la prestación del servicio, pasando de los 1.713 usuarios de 2019 a los 1.578 usuarios de 2020. En este 2021 el número de usuarios ha subido ya a 1.701, con un incremento del 7,79 por ciento con respecto a 2020.

En sentido contrario, el servicio de Comida a Domicilio sí experimentó un notable crecimiento en 2020, llegando a atender a 434 personas, frente a las 326 de 2019. La vuelta a una cierta normalidad ha normalizado también las cifras en 2021, ya que en la actualidad el servicio atiende a 366 personas.

Por último, y en lo que se refiere a teleasistencia móvil para mujeres víctimas de violencia de género, las cifras han seguido aumentando, pasándose de las 65 mujeres atendidas en 2019 a 68 en 2020 y 77 en la actualidad.

Modernización de los CEAS

A lo largo de estos meses, indicó la Diputación, también se llevó a cabo un proceso de modernización y mejoras en los CEAS, especialmente en materias como la conectividad y la accesibilidad, pero destaca sobre todo la incorporación del proyecto Rural Care, en colaboración con la Junta, la Universidad de Valladolid y la Fundación Personas, y que a modo de programa piloto se está desarrollando en la zona de Tierra de Campos.

Se trata de un proyecto europeo de innovación en servicios sociales consistente en el diseño, puesta a prueba y evaluación de un nuevo enfoque, "innovador y sistémico", para la provisión de cuidados integrados de larga duración, adaptados a las personas que viven en zonas rurales, en función de sus valores, deseos y preferencias individuales