El Ayuntamiento de Valladolid tiene un paquete de inversiones por valor de 24 millones de euros a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha reiterado su intención de seguir tomando decisiones hasta las elecciones del 28 de abril, apruebe un real decreto para desbloquearlos. El Ejecutivo socialista sigue gobernando mediante la aprobación de reales decretos ley que, una vez disueltas las Cortes, tiene que someter a la comisión permanente del Congreso para su convalidación. Por eso muchos ayuntamientos siguen esperando esta decisión para poder aprobar las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) de 2019, que se financian con el superávit del ejercicio de 2018.
Realmente este real decreto se podría haberse aprobado a principios de año porque no tiene que estar obligatoriamente ligado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque si se hubieran aprobado las cuentas de este año los municipios tendrían vía libre para ejecutar las obras que se pueden financiar mediante esta vía extraordinaria habilitada hace años por el exministro Montoro. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 fijaba que el superávit de las distintas administraciones públicas debía ir destinado a la reducción del nivel de endeudamiento neto. Sin embargo, en 2014 se permitió que las entidades locales que estuvieran saneadas y pagaran en plazo a sus proveedores pudieran destinar también parte de ese superávit a realizar inversiones que sean financieramente sostenibles a lo largo de la vida de la inversión y en determinados servicios públicos esenciales. Esta regla especial para ayuntamientos y diputaciones trataba de paliar los efectos de los recortes por la crisis y desde entonces se ha venido prorrogando anualmente con la aprobación de los PGE hasta este año.
En el caso de Valladolid, el equipo de Gobierno de Puente presentó el listado de más de 80 obras vinculadas a las IFS, por valor de 24 millones, a finales de diciembre. Estos proyectos pretendían complementar los financiados con el presupuesto municipal de este año, que se aprobó en enero. En ese momento, el Gobierno central todavía confiaba en poder aprobar sus cuentas, pero finalmente la aritmética parlamentaria no lo permitió y forzó la convocatoria de las elecciones generales el próximo 26 de abril.
Una situación con consecuencias importantes porque la ausencia del real decreto impide al Ayuntamiento de Valladolid aprobar estas inversiones, entre las que figuran partidas como los dos millones de euros previstos para la rehabilitación del mercado de La Rondilla; los 1,3 millones para el nuevo centro de personas mayores o el millón previsto para el edificio de la biblioteca, ambos en Parquesol;los 2,2 millones para la primera fase de la reforma del edificio de Jefatura de la Policía Municipal o 1,4 millones para renovación de la flota de vehículos del área de Medio Ambiente.
áreas. Las concejalías más afectadas por esta situación son las de Medio Ambiente, Urbanismo y Seguridad y Movilidad, que tenían obras presupuestadas por valor de casi seis millones de euros cada una. Por detrás se sitúa el área de Educación, que tenía proyectos por valor de tres millones, entre los que se encuentra la nueva escuela infantil de La Rondilla, en el colegio público León Felipe, o la ampliación del Tobagán.
Servicios Sociales recurría a esta fórmula para financiar obras por valor de dos millones, entre las que hay proyectos como la reforma del Centro de Personas Mayores de La Rondilla, que ya se había presentado públicamente. Lo mismo sucede con la ampliación del edificio de la Agencia de Innovación, del área de Hacienda.