La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Castilla y León calificó hoy de “atropello absoluto” la decisión adoptada por la Comisión Estatal de Patrimonio Natural, con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribero a la cabeza, al decidir que el lobo deje de ser especie cinegética en toda España y por lo tanto que no se pueda cazar. La organización agraria recordó los daños que provoca el lobo cada año en la Comunidad, por lo que propone llevar cientos de estos animales salvajes que “sobran” en Castilla y León a los territorios que piden la máxima protección para la especie en el conjunto del país. 

Un comunicado de UPA exige la dimisión “inmediata” de la ministra por “incompetencia” y “traición” a los ganaderos al anteponer los intereses de los lobbys ecologistas, que supone tener lobos y fauna salvaje antes que personas activas en la ganadería. En este sentido, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva el Ministerio de Reto Demográfico y transfiera las competencias a las comunidades autónomas de las decisiones que afecten a cada comunidad en materia medioambiental y de reto demográfico.

En esta línea, la organización solicitó a la Junta de Castilla y León una batería de iniciativas judiciales para paralizar esta decisión y para que el “atropello” contra los intereses de la Comunidad no se convierta en norma. También, pidió al ministro de Agricultura que dé un paso al frente y que, “de una vez por todas”, sea firme y defienda los intereses y el modelo de ganadería extensiva, al que debería representar y defender. “Si no lo hace, estaría demostrando su incapacidad o su incompetencia, motivos suficientes para pedir su inmediata dimisión”, aseveró la nota. 

La UPA señaló que los daños que provoca el lobo en Castilla y León se cifran en cientos de miles de euros, ya que cada año se registran más de 4.000 muertes de cabezas de ganado, lo que refleja la situación “extrema” que sufren los ganaderos de la Comunidad. De ahí que proponga que por que cada ataque de lobos que se produzca sea indemnizado en parte no con los impuestos de los castellanos y leoneses sino con las nóminas de los ecologistas, los funcionarios públicos del Ministerio de Transición Ecológica y el “extenso” organigrama de cargos políticos del Ministerio, empezando por la ministra.