El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió que ha actuado “con decisión” para afrontar la pandemia del COVID-19, proteger la salud y la vida y reducir posible impacto en la economía. “Nos hubiese gustado contar con más instrumentos jurídicos”, dijo para actuar con más “eficacia” y precisión en zonas con más incidencia, y “bajo el liderazgo” del Gobierno de España.

Fernández Mañueco, que compareció por quinta vez en las Cortes para informar sobre la situación del COVID-19 en la tercera ola, aprovechó para reclamar al Gobierno un incremento del suministro de vacunas contra el COVID-19 y un calendario con garantías para planificar la administración, si bien destacó el buen ritmo con que vacuna la Comunidad.

En cualquier caso, el presidente de la Junta defendió que han actuado con “lealtad” en el marco disponible y atendiendo las recomendaciones del comité de expertos, tras una subida “vertiginosa”, en pared, que llegó a multiplicar por 12 la incidencia. Además, destacó el incremento de las pruebas diagnósticas, el rastreo y las medidas de aislamiento, mientras se avanza en la vacunación.

También el presidente destacó la prevención y anticipación con las pruebas masivas, más de 253.000, que destacó han permitido romper 2.771 cadenas de transmisión, al tiempo que remarcó el rastreo y las 51.800 inspecciones, con 51.700 expedientes sancionadores abiertos. 

Mañueco recordó que ha pasado casi un año con este virus cruel, que se ha llevado a seres queridos y que ha generado “dolor” por las personas enfermas y afectadas por la pandemia. Además, dedicó palabras de agradecimiento a los profesionales sanitarios que protegen la vida y la salud de todos.

Cambio de rumbo del Gobierno central

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó hoy al Gobierno de España un "cambio de rumbo” y que “mueva ficha” para asumir el liderazgo en la gestión de la pandemia desde la coordinación, colaboración y entendimiento en un “esfuerzo compartido” entre todas las instituciones.

En su comparecencia para analizar la situación del COVID-19 y explicar las últimas medidas adoptadas en la tercera ola, Fernández Mañueco, que defendió que ha actuado con “decisión” desde la prevención y la anticipación, ofreció y pidió también a los partidos políticos y, en especial, a los de la oposición colaboración.

Así, solicitó al Gobierno actualizar los criterios de 22 de octubre conocido como “semáforo” para evitar la “arbitrariedad” a partir de 250 casos de incidencia acumulada, dotar de la herramienta política para realizar confinamientos domiciliarios, aumentar las dosis de vacunas para acelerar su ritmo y tener unas pautas comunes para los profesionales sanitarios.

Igualmente, reclamó agilizar la homologación de títulos de medicina para poder contratar a extracomunitarios, aumentar la formación de especialistas, un paquete de ayudas económicas para el turismo y la hostelería, reparto justo de los fondos europeos con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aplicar un IVA reducido para las mascarillas y convocar la Conferencia de Presidentes.

Durante su quinta comparecencia en las Cortes para explicar su gestión, sostuvo que las medidas dan resultado “cuanto antes se tomen” y detalló las adoptadas los días 1, 7, 12, 15 y 30 de enero, donde se encuentra el adelanto del toque de queda, recurrido por el Gobierno, y restricciones en toda la Comunidad.

Tras asegurar que ha escuchado a “todos” para la adopción de las medidas, sostuvo que si el Gobierno hubiera visto que se vulneran derechos fundamentales se habría presentado medidas cautelarísimas para la anulación del adelanto del toque de queda.

En tal sentido, lamentó que el Gobierno haya preferido la vía judicial al diálogo, si bien afirmó que se asumirá lo que diga el Tribunal Supremo, aunque insistió en que la medida está avalada en criterios sanitarios, que ha llevado a una reducción en un 11 por ciento de los contagios, sociales, porque es justa y se cumple por las personas, y jurídica, al ser legal en base a una sentencia del Constitucional que prima el derecho a la vida sobre otros como la movilidad.

También destacó los planes de choque con ayudas con cerca de 70 millones y créditos y liquidez para movilizar casi 700 millones. A ellas, añadió un plan de 20 millones en ayudas directas para el turismo y la hostelería, ampliables en diez millones.

Finalmente, reiteró que para frenar el virus se requiere “el esfuerzo compartido” de todas las instituciones y partidos políticos por lo que pidió y ofreció colaboración.