El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha revocado la sentencia condenatoria que en septiembre del pasado año dictó la Audiencia de Valladolid respecto del único de los trece procesados por la 'Operación Monpirri' contra el tráfico de drogas que se declaró inocente y que, a diferencia de sus compañeros de banquillo, se negó a pactar la pena.

Ahora, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, ha estimado el recurso interpuesto por el condenado, el colombiano Miguel Ángel G.S, militar de profesión y residente en Zaragoza, y ha dejado sin efecto la condena de tres años de prisión y multa de 22.000 euros que le impuso la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, según la iformación del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellanoleonés recogida por Europa Press.

Sus otros doce compañeros de banquillo encausados en el marco de la 'Operación Monpirri' desarrollada en 2020 por Policía Nacional y Guardia Civil en Valladolid y Zaragoza sí confesaron su culpa y aceptaron condenas que suman 28 años de prisión, frente a los casi 80 que inicialmente solicitaba para ellos el Ministerio Fiscal.

Los encausados llegaron a un acuerdo con el fiscal del caso, con penas de entre un año de mínima y los seis de máxima que incluye el pago de multas por importe de 76.500 euros, mientras que Miguel Ángel G.S, que mantuvo su inocencia, recibió igualmente condena que ha sido ahora revocada por el TSJCyL y que por tanto ha sido absuelto.

El TSJCyL entiende que el hecho de que la policía encontrara droga en el domicilio que compartía en Zaragoza con otros dos de los acusados no implica que, obligatoriamente, tuviera que estar al corriente de la droga que guardaban en su interior, "de la que tampoco ha quedado acreditado que se beneficiase más allá de la percepción de una exigua cantidad por el subarriendo de una de las habitaciones, negocio por completo ajeno al que aquí se está enjuiciando".

La operación conjunta desarrollada por Policía Nacional y Guardia Civil denominada 'Monpirri' se saldó el 28 de julio de 2020 con la detención de los encausados--siete en Valladolid, dos en Tordesillas, uno en Boecillo y tres más en Zaragoza--y la incautación de dos kilos de speed y 1,5 de cocaína, así como la intervención de 11.400 euros, joyas, carabinas y pistolas.

Las investigaciones, que explotaron con la realización de cinco registros en Valladolid capital--calles Cardenal Torquemada, Paseo Ciudad de la Habana y Arco de Ladrillo--Zaragoza, Tordesillas y Boecillo, comenzaron en abril del pasado año cuando los investigadores determinaron la existencia de la organización y concretaron que las competencias de cada uno de los escalones de distribución estaban bien definidas y delimitadas.

Así, se observó que el proveedor de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Valladolid y la provincia era uno de los detenidos en Zaragoza, el colombiano Javier Andrés S.T, quien convivía con los también colombianos Harold Iván V.M. y el ahora absuelto Miguel Ángel G.S. y suministraba la cocaína al cabecilla detenido en la capital del Pisuerga, su primo Juan Camilo M.T.

Este último, ayudado por su pareja, Angie L.P, distribuía a su vez la mercancía a los componentes de escalones inferiores para su venta en esta provincia, entre los que figuran la pareja vecina de Tordesillas formada por Diego H.S. y Marirory T.M; el matrimonio vecino de Valladolid compuesto por Sergio N.C. y Liza R.S, así como el también residente en la capital Miguel Ángel L.L, quien a su vez, ayudado por José Luis R.V, surtía al vecino de Boecillo David M.S. y compraba también mercancía a Miguel Antonio F.R.

La organización desarticulada tenía su punto neurálgico en Valladolid, si bien los suministradores principales de la droga se encontraban puntualmente en Zaragoza, lugar en el que se ocupó el principal alijo.

Entre los residentes en Zaragoza, el fiscal del caso sostenía que Harold Iván V.M. y el cabecilla en la capital maña, Javier Andrés S.T, se trasladaron los días 28 de junio y 3 de julio del pasado año a Valladolid y Tordesillas para aprovisionar al resto de cocaína a bordo de un turismo al que el primero de ellos había practicado una 'caleta' o habitáculo para transportar la mercancía de forma más segura ante un posible registro policial.

Fue el 28 de julio del pasado año cuando se procedió a explotar la operación con la práctica de registros domiciliarios en los que se ocuparon 1.514,75 gramos de cocaína, 2.000 gramos de speed, 3.000 gramos de sustancia de corte, tres cogollos de marihuana, 11.395 euros, tres básculas, diversas joyas, cuatro carabinas de aire comprimido calibre 4,5, dos pistolas de aire comprimido calibre 4,5 y dos vehículos.