Casi ocho de cada cien declaraciones de la renta tuvieron algún tipo de deducción autonómica en Castilla y León. O lo que es lo mismo, solo 90.789 personas de las más de 1,16 millones que rindieron cuentas con le fisco pudieron aplicarse alguna de las rebajas autonómicas contempladas como el alquiler de una vivienda en el caso de los menores de 36 años, discapacidad o emprendimiento. Un porcentaje ligeramente inferior a la media estatal (8,5 por ciento) que choca con la situación de que los contribuyentes autonómicos son los que mayor cuantía económica reciben por sus deducciones. Es decir, se benefician menos, pero con importes superiores, según los datos publicados esta semana por la Agencia Tributaria en su informe anual sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En concreto, de media, los castellanos y leoneses que se aplicaron alguna deducción autonómica se beneficiaron de una gratificación de 443 euros, la cuantía más alta del conjunto de las autonomías de régimen general. De hecho, esta cifra supera en más de 100 euros a la Comunidad de Madrid, segunda región con mayores deducciones, y duplica a los 231 euros de la media nacional.
Una realidad que colisiona con el hecho de que Castilla y León sigue siendo la tercera comunidad con menor cuantía media por declarante (4.293 euros), solo por delante de Extremadura y Castilla-La Mancha, más de 1.000 euros menos que la media estatal (5.613 euros) y casi la mitad que la Comunidad de Madrid, que encabeza la tabla autonómica con 7.840 euros de media por declarante del impuesto sobre la renta.
«Está muy bien que los políticos critiquen que estamos infrafinanciados en Castilla y Léon, pero es poco razonable esa idea de qye dejamos el dinero aquí para luego pedírselo al Estado», asegura el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid, Ramiro García, que insiste en la necesidad de que las administraciones autonómicas establezcan «una relación entra la rentas de los trabajadores y los impuestos aplicados».
Rebajas del tipo
Castilla y León, precisamente, tiene el segundo tramo de IRPF autonómico más bajo de España, solo por debajo de Madrid, y durante los últimos años la brecha con la media estatal se ha ido agrandando y ahondando más en las diferencias existentes actualmente. De hecho, durante los últimos años el presidente de la Comunidad en fusiones, Juan Vicente Herrera, rebajo el tipo mínimo aplicable autonómico hasta el 9,5%. Un debate fiscal que ya estuvo muy presente durante los últimos comicios autonómicos, donde los dos bloques, derecha e izquierda, contrapusieron sus modelos económicos. Precisamente, tanto PSOE como Podemos habían suscrito con los sindicatos un pacto tributario que significaría un aumento de la carga impositiva para las rentas más altas en base al principio de progresividad fiscal del IRPF.
Un 25% más de ricos
El informe de la Agencia Tributaria también revela que el número de contribuyentes de Castilla y León que declaró ingresar más 601.000 euros de sueldo repuntó un 25 por ciento respecto a 2016, al pasar de 120 a 151 personas. Sin embargo, el retrato robot del trabajador de la Comunidad es el de aquel que reconoce ingresos anuales derivados de su trabajo de entre 12.000 y 20.000 euros, con algo más de 324.593 declaraciones.