Esta semana, la exministra Dolores Delgado ha prometido el cargo como fiscal general del Estado pese a la enorme división que la propuesta de nombramiento del Gobierno suscitó en el Consejo General del Poder Judicial y los ataques de PP, Vox y Ciudadanos. El responsable de Justicia de los populares, Enrique López, llegó a afirmar que esto debilita la democracia. 

Tampoco es un secreto la afinidad política de muchos magistrados.

Tanto jueces como fiscales tienen derecho a tener ideología y el Constitucional dice que no pueden ser recusados por ello. Otra cuestión es elegir a la fiscal general del Estado, que va a dirigir esta alta institución y da instrucciones a todos los fiscales de España. Ha sido ministra de Justicia y diputada del PSOE y ha hecho multitud de declaraciones que generan una gran preocupación en el Partido Popular porque tiene animadversión al PP y no ejercerá su labor con objetividad.

Usted es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, y antes estuvo en el CGPJ. Si le ofrecen dentro de unos años ser fiscal general del Estado, ¿lo aceptaría? 

No. Una vez que he decidido dar el paso y ejercer labores ejecutivas y estar bajo la disciplina orgánica de un partido, estaría comprometida mi imagen de imparcialidad, al margen de que yo fuera independiente.

Recuerdo a Consuelo Madrigal o Torres Dulce dimitiendo por presiones. Al menos eso no pasará.

Los españoles no pueden estar tranquilos frente a alguien que, legítimamente, ha ejercido labores políticas y ha estado bajo la disciplina de un partido, pero que por una puerta giratoria instantánea pasa a dirigir y representar al Ministerio Fiscal.

¿Qué opina del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial? Cs y Vox acusan al PP y al PSOE de repartirse los puestos del CGPJ, el Constitucional, el Supremo... 

Hay formaciones que tienen un complejo de adanismo. El mejor modelo de elección de los vocales en el CGPJ es el directo por los propios jueces, ya que es el que más se acomoda al espíritu de la Constitución. Tampoco se han realizado repartos mediante meras cuotas políticas. Se ha intentado que el órgano siempre esté compuesto por personas que tengan los criterios de mérito y capacidad, pero creemos que para acabar con la imagen de politización que transmite se debe de reformar el modelo de elección. Esto no es óbice para que defendamos la independencia de la que gozan los jueces. Cuestión distinta es que haya una imagen perversa de la Justicia al analizar resoluciones judiciales. Yotra cosa es que el presidente del Gobierno en Cataluña quiera desjudicializar la política. Esto es una muy mala noticia para el sistema democrático. El control judicial de los actos políticos es uno de los grandes triunfos del Estado de Derecho y del Estado liberal y social democrático de Derecho y no podemos renunciar a él. No se pueden generar espacios de impunidad como pretende Sánchez.

Todo el mundo ve como un ideal el Supremo de Estados Unidos.

No es, precisamente, el ejemplo a seguir. Sus magistrados son nombrados por el presidente de EEUU. Lo que ocurre es que allí hay una gran cultura democrática que asume ese criterio de nombramientos, pero luego respeta las decisiones judiciales. En España hay que trabajar más la cultura democrática respecto a las críticas de resoluciones judiciales y es una muy mala noticia que se ponga en cuestión la sentencia del Supremo respecto a los condenados por el procés pretendiendo rebajar la pena a través de una reforma legislativa que solo tiene como fin aliviar la situación personal de Junqueras y sus corresponsables penales.

Es usted secretario de Justicia del PP. ¿De quién fue la idea de recurrir a un juez de guardia para paralizar la destrucción de las cintas del encuentro Delcy-Ábalos? 

Esta es una idea del equipo que en materia de Justicia forma parte del PP. Nosotros presentamos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que luego se remitió a la Fiscalía de Madrid para que iniciara el esclarecimiento de unos hechos que creemos delictivos. Ante la inacción del Ministerio Fiscal y de las autoridades de AENA, a las cuales habíamos requerido por burofax a través de un acta notarial, acudimos al juez.

Teniendo en cuenta que Cs recurrió a la Fiscalía, el PP a un juez de guardia y Vox al Supremo... ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Le metieron ustedes un gol al resto? Porque el plazo para conservar las cintas estaba a punto de prescribir.

Aquí no se trata de meter goles ni de ganar o perder. De lo que se trata es de que el Estado de Derecho se aplique. Esto no se hizo así y por eso lo que queremos es que se investigue.

En una época con Villarejos, con medios que logran las mejores filtraciones, con una presidenta madrileña cazada sisando botes de crema, con un presidente del Gobierno pillado in fraganti en el Festival de Benicássim vía Falcon... ¿Cómo explica que no hayan visto la luz las grabaciones de Barajas? 

Hay dos aspectos que hay que diferenciar. Uno es el esclarecimiento de los hechos. Otro el cambio de la política del actual Gobierno en lo que se refiere a Venezuela. 

Usted es consejero de Víctimas del Terrorismo en la Comunidad de Madrid. ¿Van a sufrir mucho esta legislatura? ¿Qué les diría ante la oleada de acercamientos, homenajes, liberaciones, que se avecinan?

Las víctimas del terrorismo se lo merecen todo, han dado todo por la democracia española y lo que no se merecen es que un partido político heredero de la extinta ETA, como es Bildu, esté prestando apoyo al Gobierno central y al de Navarra. Estaremos siempre en defensa de la memoria y dignidad de las víctimas y contra los relatos perversos que desde otras fuerzas se pretende hacer respecto al terrorismo etarra, y vemos con preocupación que haya alivio a situaciones de presos de ETA a través de acercamientos y, por supuesto, vemos con máxima preocupación que se quiera transferir la competencia de prisiones al Gobierno del País Vasco.

¿Cómo vio que Estrasburgo aceptara las devoluciones en caliente?

Tenemos que congratularnos de la sentencia de las entregas de inmigrantes ilegales y lo que esperamos es que este Ejecutivo, que tanto criticó esta resolución antes de ser Gobierno y que aplicó siendo Gobierno, asuma como un valor democrático también la defensa de las fronteras en un Estado de Derecho.

Iglesias calificó de inadmisible lo fijado sobre los dos inmigrantes que saltaron la valla de Melilla en 2018. 

Estamos ante una crítica absolutamente populista, muy alejada de lo que es la aplicación de la ley. En ámbitos ideológicos comunistas, la ley es un mero instrumento del que se puede prescindir cuando no permite hacer realidad los fines que persiguen los partidos cercanos a esa ideología. El Estado de Derecho y el respeto de la ley es la máxima expresión de la democracia y declaraciones como estas nos alejan de los valores y principios democráticos.

El vicepresidente también habló de humillación de la Justicia europea a nuestros jueces por las sentencias del procés.

El vicepresidente Iglesias comenzó muy mal su andadura cuestionando la buena imagen y buen hacer de los jueces españoles. No ha habido ninguna resolución que haya humillado a la Justicia española, es más, el Supremo preguntó a través de una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo respecto a una cuestión muy concreta que era la aplicación temporal de la inmunidad parlamentaria para un europarlamentario. El planteamiento de Iglesias fue una mendacidad y un error impropio de un vicepresidente.

¿Le sorprendió la decisión de Alemania de no entregar a Puigdemont por rebelión? ¿Y Bruselas?  

Mucho. Son fallos que están en contra del espíritu de la euroorden, es una aplicación muy literal y hasta tendenciosa. Debemos trabajar desde España para una reforma de la euroorden que la convierta en una directiva de obligado cumplimiento y no solo una decisión marco. Es importante que el Gobierno, en vez de querer reformar el Código Penal para aliviar las consecuencias penales a los condenados por el procés, dirija sus esfuerzos hacia la UE para que se produzca ese cambio.

En el momento que trasladaron a los políticos del procés a cárceles catalanas, ¿se imaginaba que pasaría lo que está pasando? En junio asume el Gobierno vasco Prisiones...

Que esta competencia de la gestión del cumplimiento de las penas la tenga la comunidad autónoma en casos como el del procés genera preocupación. Desde el PP entendemos que este tipo de penas, al margen de dónde se cumplan, deberían estar siendo controladas el órgano enjuiciador, en este caso el Supremo o Audiencia Nacional. Y cuando las penas sean impuestas por alguno de estos, la ejecución debería depender del órgano director de ejecución nacional, es decir, de la dirección de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior.

¿Hace poco celebramos el aniversario del 23-F... ¿Es tan golpista Tejero como Junqueras?

Todos ellos atacaron y han atacado la democracia española en su esencia y por eso Tejero fue condenado y por eso han sido condenados Junqueras y el resto de políticos presos.

Son personas que han cometido delitos y han de cumplir sus penas.

Esta legislatura va a ser muy jurídica, con terremotos casi diarios con epicentros en Barcelona, Madrid, Bruselas... El partido que tenga a los mejores en el Hemiciclo parte con ventaja. ¿Le mandan muchos whatsapps desde allí?

En el Parlamento lo que se hace es política y hay que hacer política. No se debe hacer política en el mundo del Derecho, pero no cabe duda de que la política sí está controlada por la Ley en cuanto a su ejercicio y a la Ley se deben someter todos los partidos. Eso no quiere decir que haya un control jurídico o de juristas al Parlamento. Estamos en un Estado democrático cuya expresión máxima es la Ley a la cual todos nos sometemos y nos debemos.