La experiencia política del subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, le ayudó a superar la revalida de la gestión del estado de alarma, aunque es muy consciente que todavía quedan momentos muy complicados por delante. Una situación inédita, que asegura que le enseñó la importancia del trabajo conjunto de las administraciones y la lealtad institucional. Ahora muestra su preocupación por los rebrotes y por la relajación de cierta parte de la población.

¿Cómo ha sido su trabajo en estos meses tan complejos?

Desde que se levantó el estado de alerta está siendo más relajado porque la responsabilidad recae ahora en la Junta. No tiene nada que ver con lo que sucedió en los meses anteriores, donde todas las competencias de control recaían en el Gobierno y, por tanto, en la subdelegación. Ahora veo la situación con más tranquilidad, pero con la misma preocupación y la misma dedicación.

¿Cómo vivió la gestión de una situación inédita?

La primera reacción es de perplejidad. Hacía poco que había aceptado un cargo de una responsabilidad enorme, como es la Subdelegación del Gobierno, y es una situación de no creer lo que está ocurriendo. Piensas que ni en el peor de los sueños pudiera ocurrir esto. Después llega la preocupación enorme al ver la gran responsabilidad y que hay que tomar decisiones ante una situación inusual e imprevisible.

¿Qué ha aprendido en este tiempo?

La colaboración entre las distintas administraciones implicadas en todo el problema ha sido muy positiva. Aquí desde el primer momento la relación entre la Subdelegación, la Delegación de la Junta, la Diputación y los ayuntamientos ha sido excelente, de lealtad y colaboración total. Todos asumieron su función y entendieron la enorme responsabilidad que teníamos. Hemos colaborado con lealtad y trabajo sincero. Es el recuerdo más positivo que tengo de la crisis. De hecho, ahora que no hay estado de alerta, aunque el problema siga vigente, seguimos teniendo una relación diaria y fluida. 

¿Cómo ve la situación en los pueblos?

Tengo una sensación muy positiva de unas reuniones que hemos comenzado, a iniciativa del delegado territorial, con los municipios de más de 2.000 habitantes. ¿Por qué de más de 2.000? Había que acotar de alguna manera porque era imposible tenerlas con los 225 municipios. Es verdad que el presidente de la Diputación representa a todos, pero en estos municipios es donde realmente se podían estar generando los mayores problemas de contagio. Ahora mismo tenemos la experiencia que los municipios de menos de 2.000 habitantes es donde menos contagio ha existido.

Algunos de esos municipios reclaman ayuda a las Fuerzas de Seguridad para controlar la situación. Y comenzamos el mes festivo por excelencia. ¿Hay algún plan de seguridad para las no fiestas?

Ese es el problema que hay ahora mismo, y es importante. Desde todas las administraciones hemos pedido a los ciudadanos responsabilidad; que se cumplan las normas básicas de llevar mascarilla, mantener la distancia y la higiene, pero estamos viendo que no se cumple tanto como quisiéramos. La inmensa mayoría de la población lo hace, pero hay una parte, en la que lamentablemente hay que mencionar al sector más joven, que no. Comprendo que tiene ganas de relajarse porque el confinamiento ha sido duro, pero en su grupo se están produciendo gran parte de los contagios actuales. 

¿Qué plantean?

Sabiendo las Fuerzas de Seguridad que tenemos, y que es materialmente imposible incrementarlas ahora mismo, hemos transmitido al Ministerio del Interior la preocupación por este asunto. Y vamos a empezar a hacer una serie de juntas locales de seguridad, que antes se hubieran hecho para establecer el plan de seguridad en las fiestas. Ahora vamos a establecer el plan de seguridad para las no fiestas porque vemos que de forma espontánea se están produciendo concentraciones. Los alcaldes reclaman un mayor control en las zonas de recreo, además de en el ocio nocturno: en locales o por el botellón, además de en las peñas de las fiestas, donde no deberían concentrarse.

¿Cómo se actuará?

El operativo de seguridad se va a reforzar con más inspecciones, pero engañaríamos a la población si dijéramos que con un refuerzo de las medidas de seguridad se van a evitar estos comportamientos de riesgos. Hay que convencer a los jóvenes, a toda la población, de mantener las tres normas de seguridad (mascarilla, higiene y distancia social) para evitar el contagio. No habrá Fuerzas de Seguridad suficientes para impedir que haya concentraciones festivas si la ciudadanía no  conciencia y las evita.

¿Las multas están siendo efectivas?

Sí que son efectivas, pero tienen su efecto a posteriori. La tramitación de una multa, por razones evidentes, llega tarde porque pasa un tiempo desde que se produce la sanción hasta que se hace firme, ya que hay que dar una garantía legal. Cuando realmente la gente empiece a darse cuenta de que se están poniendo multas y se están pagando sanciones, que son elevadas, ya puede haber pasado el momento más crítico. Primero se decidió advertir, pero después hay que sancionar y ya están llegando las notificaciones. Pero lo fundamental es el convencimiento de la gente. Y ahí es donde realmente, a veces, te sientes impotente y no entiendes por qué no se convencen del peligro. 

¿Quizás es porque no se han visto  imágenes de las UVI o féretros?

Probablemente algunas intervenciones de médicos contando lo que ocurría en la UCI son importantes, pero tampoco podemos caer en el tremendismo porque llega un momento en que unas imágenes muy fuertes tampoco sabes si van a tener el efecto que quieres. Se ha sido bastante realista y se ha advertido suficientemente. Es increíble que los jóvenes, que son los que más utilizan las redes sociales y donde circula más información, sean los que están incumpliendo la normativa. Parece que no se han enterado de lo que ha ocurrido y de lo que sigue ocurriendo. Aunque el incumplimiento no es exclusivo de ellos. No se puede demonizar a nadie, pero hay que llamar la atención y pedir colaboración para frenar el contagio.

Al margen de la salud, el otro efecto es el económico. Los alcalde piden al Gobierno usar el superávit para paliar los efectos de la crisis. Usted, que fue alcalde, ¿les apoya?

Hay un problema legal para que dispongan de ese superávit. Veo razonable las reclamaciones de los ayuntamientos. Y en estos momentos, me consta que el Gobierno está viendo de qué forma puede hacerlo factible. Una ley no se modifica de la noche a la mañana, pero apoyo a los ayuntamientos y creo que el Gobierno está haciendo esfuerzos para buscar una solución. 

Otro hito importante serán los presupuestos, después de cuatro años con ellos prorrogados. ¿Qué necesidades le están trasladando desde los ayuntamientos?

Los alcaldes son una pieza clave en todo el sistema democrático porque son los que mejor conocen las demandas de los ciudadanos. Y evidentemente trasladaré todas las peticiones que me hacen. Y este Gobierno ha dado pruebas de que, a diferencia de lo que ocurrió con la crisis de 2008, se han dispuesto infinidad de ayudas para los trabajadores, empresarios, autónomos y todos los sectores de la población, aunque puede haber gente que se haya sentido desprotegida. Pero basta comparar cómo se salió de la anterior crisis y cómo se está saliendo de esta; la diferencia es abismal. Creo que el acuerdo conseguido con la Unión Europea ha sido muy importante y eso permitirá que se transfieran los fondos suficientes para paliar los problemas.

Entre las demandas siguen las infraestructuras pendientes. ¿Un presupuesto de crisis podrá garantizar su ejecución?

Claro, esto es como una pescadilla que se muerde la cola. Podríamos pensar que seguramente se van a retrasar las inversiones en infraestructuras porque no habrá dinero si se quiere atender situaciones de emergencia. Pero creo que también se mantendrá el desarrollo de estas infraestructuras porque generan empleo. Igual que el tema de los ERTE o el ingreso mínimo vital, que algunos han criticado incomprensiblemente. No se den cuenta que si no se incentiva el consumo el perjuicio será peor. Tengo esperanza de que las infraestructuras sigan el ritmo que había impulsado este Gobierno, como en la A-11, donde se han agilizado los tramos y hay uno en obras y otro con el proyecto adjudicado.

¿Está esta crisis detrás del fenómeno de la ocupación de viviendas?

Según la información que tengo no se puede vincular a esta crisis y es más bien fruto de la de 2008. Se está incrementando, y hay ocupación de viviendas espontánea y también la hay organizada por mafias. Las medidas legales son difíciles de tomar. Es fundamental que haya denuncia del propietario. Y aquí hay un problema con viviendas de los bancos, como la Sareb, que se despreocupan, y aunque lo denuncien los vecinos no se puede hacer nada. Además, si se ocupa sin fuerza o violencia, también es difícil el desalojo. En este sentido, es mucho más sencillo echar al okupa si hay una alarma en la casa. Pero también hay que analizar por qué hay ocupación y hay que tener en cuenta la enorme necesidad que tiene mucha gente.

¿Sigue siendo Valladolid una provincia segura?

Seguimos en los mismos índices que antes del confinamiento. Una cosa es la realidad y otra la sensación. Y hay más sensación de inseguridad que la que realmente hay. La prueba es que los Fuerzas de Seguridad actúan con mucha efectividad.

¿Hay suficiente plantilla en la Policía y la Guardia Civil?

Necesitaríamos reponer toda la plantilla mermada por los recortes. Me conformaría con la que está en el catálogo pero, como decía hace poco un representante sindical, se necesitarían unos seis años. Se están cubriendo plazas, aunque ahora en los pueblos hay cierta preocupación porque ha disminuido el número de agentes en los cuarteles. Esto es debido a un concurso de traslados. Pero creo que, en estos momentos, no es preocupante la falta de agentes, aunque sí sería necesario cubrir las plazas del catálogo.

Usted fue alcalde y es vecino de Tordesillas. ¿Entiende el traslado de los instrumentos musicales de Santa Clara a Madrid?

Este es el final de un proceso que comenzó en 1998 cuando el consejo de administración de Patrimonio Nacional decidió, a instancias del Gobierno de Aznar, crear un macromuseo para albergar las principales de su inventario dispersas por los distintos sitios reales. Fue un proyecto polémico en aquel momento que, además, sufrió diversas vicisitudes. En 2015 se terminó el edificio, y en 2017, gobernando Rajoy, se aprobó un catálogo de qué piezas deberían ir al museo, entra las que se incluyeron el órgano realejo de la Reina Juana y el virginal. Eso había quedado paralizado, aunque ambos instrumentos están embalados desde 2017 para enviar para su restauración. Que lo lleven a restaurar nos parece bien, pero no que se instalen en una sala específica de forma permanente. En estos momentos no hay ninguna decisión tomada. Eso no es una tranquilidad porque no sabemos qué ocurrirá, pero espero que Patrimonio Nacional reconsidere la decisión de 2017. Y que una vez restauradas las piezas, que siguen en Santa Clara, vuelvan a exponerse en Tordesillas. Lo que entenderíamos es que formaran parte de la exposición inaugural del museo, pero no quedarse allí.