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Editorial

El Gobierno convierte a Pablo Hasél en adalid de la libertad

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El rapero Pablo Hasél no tiene que ingresar antes de este viernes en prisión por cantar, ni por expresar su opinión, por mucho que lo digan quienes critican desde el Gobierno la calidad democrática en España o 200 artistas que hacía mucho tiempo que no levantaban la ceja. Tampoco por un «exceso verbal en el marco de una expresión artística y cultural», como le exculpó ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero, para intentar justificar una injustificable reforma exprés del código penal a golpe de titular, contraviniendo todos los consensos sobre legislar en caliente. Hasél ha sido condenado a nueve meses de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas, y también por injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Conviene recordar a los desmemoriados algunos de los abyectos extractos de canciones que llevaron a su condena en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional: ¡Merece que explote el coche de Patxi López! Se debe matar a Aznar. Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono. No me da pena tu tiro en la nuca, ‘pepero’. Muerte a los borbones. Merece una bomba Televisión Española. Ojalá vuelvan los Grapo

Los límites entre la transgresión, la crítica mordaz y el delito en forma de vulneración de algún derecho pueden ser en ocasiones difusos pero no lo parecen en absoluto en este caso. Y el arte no lo puede justificar todo. En sus letras late de una manera patente y persistente el discurso del odio, con un sistemático enaltecimiento de las actividades terroristas y de sus autores, presentándolos como héroes y ejemplos a imitar y sus actos como heroicos y justificados, suscitando reacciones violentas, avivando el sentimiento de desprecio y menoscabando la dignidad de las personas. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es absoluto. La ponderación y proporcionalidad entre su libre ejercicio y el respeto al resto de derechos es lo que debería primar en cualquier futura regulación, que de hacerse, en todo caso, debería ser de forma sosegada y consensuada, y analizando y explicando en profundidad todas sus derivadas. Por ejemplo, parece incongruente que el Gobierno quiera modificar el código penal deprisa y corriendo para que casos como el de Hasél o el del huido rapero Valtonyc -que animó a patear guardias civiles durante uno de sus conciertos- no sean merecedores de reproche penal por exaltar el terrorismo, mientras prepara la tipificación de la apología o exaltación del franquismo. Pero lo que, definitivamente, es algo bastante peor que incongruente es que el anuncio de una modificación legislativa de este calado responda a dinámicas propias de una cruenta batalla electoral entre los miembros de un mismo Gobierno que se vuelven a hacer oposición y que se llegan a creer que capitalizar esta despenalización les renta de cara al 14-F.