La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha estimado la petición del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) y ha suspendido cautelarmente la orden anual de caza dictada por la Junta, que determina qué especies, dentro de las declaradas cinegéticas, pueden ser cazadas, según informó hoy el TSJ.
En el auto los magistrados reproducen en esencia los argumentos por los que la pasada semana suspendieron de forma provisional el decreto que regula la conservación y el aprovechamiento de estas especies cinegéticas, así como el control poblacional de la fauna silvestre.
Según la Sala, las dos normas suspendidas cautelarmente ahora (decreto y orden) incurren en los “mismos vicios” por los que el TSJ ya anuló la normativa anterior que regulaba la caza en sendas sentencias de 2017 y 2018. “No existen informes científicos objetivos y actuales que garanticen el ejercicio de la caza en condiciones de sostenibilidad”, precisó.
En opinión del TSJ, la carencia de estos estudios condujo a la anulación en 2017 del decreto autonómico que regulaba la caza. En 2018 también anuló la orden anual de caza que lo completaba, en un sentencia que no fue recurrida por la Administración y que, por tanto, es firme. En ambas resoluciones, la Sala ya fijó los criterios que debían abordar esos informes: niveles poblaciones, distribución geográfica e índice de reproductividad de las especies cuya caza se regulaba.
El TSJ señaló además que la Junta aprobó entonces otro decreto y otra orden para sustituir a los parcialmente anulados en mayo de 2017 y en marzo de 2018. “Lo hizo desoyendo al Tribunal, con informes antiguos, con datos de otros territorios o extraídos de bases de datos no científicas y sin responder a las tres exigencias ya fijadas por los magistrados. Esta circunstancia ha llevado a los magistrados a acordar la suspensión cautelar para evitar “daños irreparables” en la fauna”, aseveró.
Concretó además que los dos últimos autos dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo suspendiendo cautelarmente la caza no modifican de facto la situación jurídica existente con anterioridad ya que el Tribunal había anulado la anterior orden de caza, sin que la Administración recurriera ese pronunciamiento.
Evitar un daño irreparable
En sus resoluciones, los magistrados destacan la importancia económica y social de la caza en Castilla y León y la necesidad de que se regule respetando la normativa europea, nacional y autonómica, y atendiendo a criterios de sostenibilidad que garanticen la permanencia de este recurso. “Por tal motivo, defienden que no basta con autorizar la práctica de la caza si no que hay que hacerlo en condiciones que aseguren que la misma no perjudica el estado de conservación de las especies”, añadió el TSJ.