Nuevo revolcón del TSJ a la Junta de Castilla y León a cuenta de una normativa autonómica. Tras las recientes anulaciones del decreto que regula las residencias de mayores, el plan de aprovechamientos del lobo al norte del Duero o las Unidades de Gestión Clínica, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nulo el catálogo de personal de la Junta por la «falta de motivación y de estudios» e informes que «justifiquen» el documento. Según recoge la sentencia, no obra en el expediente la documentación técnica que explique las decisiones que se adoptan en el acuerdo impugnado. «No hay estudios preparatorios o informes de los puestos de trabajo tipo, ni de los puestos de trabajo integrantes de las relaciones de puestos de trabajo preexistentes, ni de éstas en su conjunto, no se especifican qué normas se tiene en cuenta para la clasificación y definición funcional de los puestos de trabajo, cuáles son los puestos que se consideran de idéntico contenido funcional, etc..», señala la sentencia, que incluso añade que «el número de puestos tipo que se contemplan en el catálogo son 81, pero no se sabe cuáles son las razones por las que son 81 y no cualquier otro número».
Tras conocerse el revés judicial, toda la oposición cargó en bloque contra la gestión de los funcionarios autonómicos y exigieron responsabilidades. Al respecto, la portavoz delEjecutivo regional, Milagros Marcos, aseguró que la Junta estudiará la sentencia, si bien consideró que se trata de «cuestiones formales» y que es «una norma consensuada con los sindicatos del sector». Así, Marcos quiso trasladar «tranquilidad» ante el fallo judicial, y afirmó que la sentencia «no paraliza nada». Además, Marcos recalcó que es una cuestión de forma que van a estudiar para ver una solución, a la vez que remarcó que se trata de una norma consensuada con los sindicatos de la función pública.
En referencia a la falta de justificación invocada por el TSJ para argumentar, entre otras razones, la nulidad de la norma, la representante del Ejecutivo autonómico replicó que los servicios jurídicos emitirán el correspondiente informe justificativo, aunque también añadió «la consideración de si algo está o no debidamente justificado tiene su parte de subjetividad, no es algo tasado».
De esta forma, Marcos quiso insistir en que la anulación del catálogo de personal al servicio de la Comunidad no paraliza ninguna de las medidas aprobada para la mejora de la función pública, como la relación de puestos de trabajo o la convocatoria de «la mayor oferta de empleo público».