El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó hoy la oferta de empleo público parcial del personal docente e investigador para el año 2019, que incluye parte de las necesidades de recursos humanos de carácter permanente en el ámbito del personal docente e investigador, con asignación presupuestaria, que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existente y que será completada antes de la finalización del año en curso. En esta oferta se encuentran la promoción interna de 45 profesores titulares a catedráticos y 35 plazas de nuevo ingreso de profesores contratados doctores básicos y otras 45 plazas de profesores titulares de Universidad. Además se han aprobado otras cuestiones sobre actuaciones en materia de profesorado.
Por otro lado, también dio luz verde al reglamento de régimen interno del Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación (VirtUVa), una estructura propia de la Universidad de Valladolid creada para actuar como soporte al desarrollo de enseñanza y oferta académica virtual y la innovación docente, que tendrá su sede en la tercera planta del Edificio Rector Tejerina.
Asimismo, aprobó el Registro de Actividades de Tratamiento de la UVa y del protocolo (RATUVa), en el que se incluye un Protocolo de actuación para añadir, modificar o excluir actividades de tratamiento de datos personales en el RATUVa.
Finalmente, se confirmaron las bases para regular las ayudas del Programa de Apoyo Financiero a Proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de la Universidad de Valladolid, cuya finalidad es apoyar, facilitar y fomentar el desarrollo de iniciativas en este ámbito en los diferentes campus de la UVa y su entorno.
Los últimos puntos han estado centrados en la Relación de Puestos de Trabajo de PAS Laboral y en las retribuciones de los empleados públicos de la Universidad de Valladolid, para los que se ha aprobado un incremento salarial de un 0,25 a partir del 1 de julio en aplicación del artículo 3.2 del Real Decreto Ley 24/2018 de 21 de diciembre, por el que se aprueban las medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.