Se trata de una historia muy repetida en la última década. Es la de un trabajador que se queda en la calle por culpa de la crisis y con la indemnización inicia una aventura empresarial para ganarse el pan. La inmensa mayoría optó por las formas jurídicas más habituales. Es decir, darse de alta como autónomos o crear una sociedad limitada. Pero otros prefirieron otras fórmulas menos conocidas, pero que ganan peso con el paso de los años. Son las empresas vinculadas a la economía social. Básicamente, cooperativas de trabajo y sociedades laborales.

En términos estrictamente legales, no se distinguen de otra empresa más que en su forma jurídica. Ahora bien, las diferencias en su modo de organizarse son más que notables. Por ejemplo, los socios son a la vez trabajadores y dueños de la empresa, una compatibilidad que solo es posible bajo esta forma jurídica.

La economía social comprende, de forma mayoritaria, tres tipos de empresas: sociedades laborales, cooperativas de trabajo y centros especiales de empleo, aunque hay algunas más. Los dos primeros casos son los más frecuentes, con pequeños matices que los diferencian. Por ejemplo, en las cooperativas cada socio cuenta con un voto en la toma de decisiones y los beneficios se reparten en función del trabajo aportado. En las sociedades laborales el capital social tiene que estar de forma mayoritaria en manos de los socios, pero ninguno de ellos puede tener más del 33 por ciento. En Castilla y León, las empresas del sector agrario son las que más frecuentemente se organizan como cooperativas.

Según los datos aportados por la Consejería de Empleo, en Valladolid hay 107 cooperativas de trabajo, frente a las 93 que había en 2013. Una evolución similar a la de las sociedades laborales, que han pasado de 428 a 460. De ellas, 319 pertenecen al sector servicios, 67 a la industria, 65 a la construcción y nueva a la agricultura. A estas empresas hay que añadir las cooperativas agrarias y las de explotación comunitaria de la tierra, es decir, aquellas cuyos socios son titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras susceptibles de explotación agropecuaria. Ambas tienen mucho peso en esta Comunidad. Hay 118 en Valladolid y 1.120 en Castilla y León.

El director de la Unión de Cooperativas de Trabajo de Valladolid, Javier Alonso, sostiene que el interés por emprender a través de la economía social ha vuelto a repuntar después de la crisis. Generalmente son jóvenes o personas que buscan una segunda oportunidad en el mercado, después de un despido, los que se interesan por constituir este tipo de pymes. «Llevamos un par de años en los que hay mucho interés, pero esta fórmula todavía tiene un déficit importante de visibilidad y conocimiento por parte de las personas que tiene una idea de negocio», explica. Es decir, que si no hay más cooperativas es porque la gente no sabe que existe esta posibilidad. «En los centros que atienden a los emprendedores no suele ser la forma jurídica más mostrada», añade Alonso.

Y eso que, según él, tiene ciertas ventajas frente a las fórmulas más habituales. Una de las más importante es que el hecho de que los socios sean empleados de la propia empresa hace que coticen a la Seguridad Social y, por ende, tengan derecho a cobrar la prestación por desempleo, a una jubilación, etcétera. Otra de las ventajas es el funcionamiento democrático. «Todos los órganos decisorios están formados por la asamblea general, que, a su vez, está formada por todos los socios, que tienen el mismo capital desembolsado y cuentan con la misma participación: un voto», explicar el director de la Unión de Cooperativas de Trabajo de Valladolid. Hay otras, como las exenciones fiscales que se obtienen en el Impuesto de Actividades Económicas, que pueden llegar hasta el 95 por ciento si se cumplen una serie de criterios.

IMPLICACIÓN NECESARIA

Pero también hay ciertos inconvenientes, que el propio Alonso reconoce. Uno de los más frecuentes es que en las cooperativas grandes, con más de veinte socios, siempre hay algunos que se implican más que otros en la gestión diaria. «A veces hay personas que son muy buenas en el desarrollo de su profesión, pero carecen de cierta cultura empresarial y por eso no se implican en la gestión de la cooperativa», dice. Otra de las desventajas se deriva, curiosamente, del carácter democrático de su funcionamiento. No siempre es fácil llegar a acuerdos. «Aunque a todos nos parezca bueno el hecho de participar y que no decidan por nosotros, a veces no se llega a acuerdos y esto puede producir bloqueos», añade. La última desventaja es la peculiaridad que tiene la contabilidad de estas empresas. Por eso muchas veces este campo se deja en manos de asesores externos, que Alonso recomienda que estén especializados en cooperativas.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron el 30 de mayo del año pasado una modificación de la Ley de Cooperativas que entró en vigor en julio. La intención fue, entre otras cosas, simplificar los trámites para crearlas. El capital mínimo de constitución pasó de 2.000 a 3.000 euros, el silencio administrativo pasó a ser positivo y se dio la posibilidad de tener cooperativas con solo dos socios, frente a los tres de antes.

Para formar parte de una de ellas simplemente hace falta ser mayor de edad, aportar el capital que corresponda y cumplir con lo que marquen los estatutos de la sociedad. Por ejemplo, si esa empresa se va a dedicar al ámbito legal, puede establecer que los socios deben ser licenciados en Derecho. Aunque todo depende del tipo de socio que sea. Puede ser ‘no colaborador’, es decir, que aporta capital y no trabaja, aunque el porcentaje de los mismos nunca puede superar el 30 por ciento de todos los integrantes. Dentro de la incertidumbre consustancial a la puesta en marcha de un negocio, Alonso considera que hay algunas claves que ayudan a que las cooperativas tengan éxito. Lo primero es tener claro que exista un modelo de negocio viable. «En los últimos años se ha producido un boom de emprendimiento, pero el mero hecho de constituir una sociedad no garantiza su supervivencia, por eso hay que saber qué producto o servicio estamos aportando, qué valor añadido tiene y a quién va dirigido», asevera. Otro consejo es que todos los socios han de tener en cuenta que no solo tienen que aportar su trabajo, también deben implicarse en la gestión, «que debe ser democrática y consensuada». Por último, también es importante saber dar el brazo a torcer en las decisiones con las que uno no esté de acuerdo. «Hay que entender que los otros socios pueden pensar de forma distinta», finaliza.