La Junta de Castilla y León demanda a la Comisión Europea que defina unas áreas escasamente pobladas, conocidas como “desierto demográfico”, que module los criterios de cofinanciación no solo en función del PIB y que existan compensaciones por emisiones industriales a comunidades con aire limpio en el reparto de los futuros fondos de la programación 2021-2027, en fase de negociación en este momento.

El Ejecutivo de la Comunidad recoge esas reivindicaciones en un documento de 35 páginas en las que se desgranan una serie de epígrafes como Castilla y León en cifras, precedentes de la lucha contra la despoblación, modelo de ordenación del territorio, modelo de asistencia sanitaria en el medio rural y la Unión Europea y Castilla y León frente a la despoblación, que se remata con ocho demandas concretas, conocidas por Ical.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, trasladará también estas propuestas en su encuentro con la comisaria de Demografía y Democracia, Dubravka Suica, el próximo 13 de febrero en la sede de la Presidencia de la Comunidad, si bien la dirigente europea las conoce ya que se las presentó el vicepresidente Francisco Igea en la reunión mantenida en Bruselas el pasado mes de enero.

La Unión Europea no tiene en cuenta la diversidad, singularidad o realidad de cada región por lo que Castilla y León propone una “definición precisa del concepto de desventajas demográficas graves y permanentes”, recogido en uno de sus artículos del Tratado, que se traduciría en una nueva tipología de entidad territorial para las áreas escasamente pobladas.

Se trata de que puedan existir unas áreas escasamente pobladas, que no tienen que coincidir con el territorio de una comunidad autónoma o región, que serían zonas conocidas como “desierto demográfico” -las que tienen menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado-, donde estaría la raya de Portugal, Ávila o la zona celtibérica, entre otras, para el reparto de los futuros fondos europeos.

La Junta quiere que la comisaria europea conozca la realidad de Castilla y León sobre el territorio, pero también quiere trasladarla un mensaje positivo en el sentido de que, aunque tenga un problema de despoblación, también dispone de oportunidades de desarrollo para revitalizar el mundo rural que no se pueden desaprovechar, explica el director general de Ordenación Territorial y Planificación, Antonio Calonge.

Respuestas de Europa

Según el documento de la Junta, la Unión Europea debería liderar una armonización fiscal para los territorios con desafíos demográficos que compensen las emisiones de CO2 de zonas industriales, muchas veces limítrofes, para que reciban una contrapartida que podrían destinar a la prestación de servicios de calidad y la vertebración adecuada sin agravios comparativos con zonas urbanas.

Sobre la respuesta de la Unión al cambio demográfico, cree que debe ser amplía, coordinada, integradora y transversal y todas las políticas y sus acciones, en especial la Política de Cohesión y la Política Agrícola Común (PAC), tienen que estar presentes en los desafíos demográficos y contar con presupuestos para hacerles frente.

Una estrategia europea sobre desafíos demográficos coordinada con el conjunto de instrumentos y fondos de la Unión Europea reclama la Junta, a la que considera que se debe dar un impulso en el marco financiero y presupuestario a partir de 2020, pero también sostiene que la Política de Cohesión y la PAC deben mantener al menos sus dotaciones del periodo 2014-2019.

También, incide en su reivindicación sobre el método en la asignación de los fondos para que exista una modulación y flexibilización y el PIB per cápita no sea el único indicador. “El PIB no mide con precisión la capacidad de una sociedad de abordar cuestiones como el cambio climático”, señala la Junta, que apuesta por recoger la evolución de la población (pérdida intensa y continuada), dispersión, envejecimiento, sobreenvejecimiento, emigración de población joven o caída de al natalidad.

Igualmente, entiende la Junta que se deben singularizar los desafíos demográficos en base a factores como el acceso a las prestaciones y servicios sociales, sanitarios, educativos, movilidad (red de comunicaciones de transporte y digital), calidad de vida, acceso a la vivienda o factores medio ambientales.

Precisamente, el Parlamento Europeo apoyó hace ahora un año que el nuevo Reglamento para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y los Fondos de Cohesión para el periodo de 2021-2027 tengan en cuenta la despoblación como una prioridad para el reparto de la financiación. De hecho, al menos, un cinco por ciento irá dedicado a luchar contra la pérdida de población de las zonas rurales.