La Junta estudia 162 alegaciones a la nueva ley de caza

SPC
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El nuevo texto pasará por el Consejo de Medio Ambiente, el CES y el Consultivo

Un cazador durante una jornada de caza el pasado año en la provincia de Soria. - Foto: Concha Ortega (Ical)

La Junta de Castilla y León estudia las 162 alegaciones presentadas al anteproyecto de ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos, cuyo texto se sometió a información pública en el porta de Gobierno Abierto durante un meses. Cerrado ese plazo, el 17 de enero, se inicia ahora el proceso de revisión para decidir si se incorporan al texto normativo. 

Según informó el Ejecutivo autonómico en un comunicado, los colectivos y entidades que han presentado alegaciones a la futura ley, su memoria y anexo son el de cazadores, asociaciones de caza, pero también grupos ecologistas y conservacionistas, así como la Federación de Montañismos y deportes de escalada.

A ellos, precisó la Junta, se suman las asociaciones profesionales agrarias, de guardas jurados, micológicas, los ayuntamientos y juntas vecinales y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).

Simultáneamente a este período de información pública, la Junta recordó que el texto se sometió a los trámites de audiencia a interesados, así como al informe de las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León.

Una vez concluida esta fase, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, está analizando ahora las alegaciones formuladas y las que sean estimadas se incorporarán al texto del anteproyecto de ley, cuya nueva redacción se someterá al dictamen, por este orden, del Consejo Regional de Medio Ambiente, Consejo Económico y Social de Castilla y León, informe de la Dirección de Servicios Jurídicos, del Consejo Consultivo y de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La tramitación del anteproyecto de ley finalizará al revisarse en la Comisión de secretarios generales y su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno, para su remisión a las Cortes, con el fin de su tramitación como proyecto de ley.