Íscar pide imputar al exalcalde también por malversación

D. V.
-

El Ayuntamiento plantea al Juzgado un incidente de nulidad para que el proceso contra el exalcalde no se centre solo en un delito continuado de malversación

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación al exalcalde de Íscar por presunta prevaricación en el Centro Multiusos. - Foto: Europa Press

El Ayuntamiento de Íscar (Valladolid) ha presentado incidente de nulidad de actuaciones ante el Juzgado de Instrucción 5 para que el proceso contra el exalcalde de Íscar, Alejandro García Sanz, y el que fuera edil de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el arquitecto municipal, José Luis Pérez Frutos, no se siga solo por delito continuado de prevaricación sino también de malversación.

La reacción del Consistorio iscariense, personado en el procedimiento como acusación particular, se produce en respuesta al último auto del Juzgado de Instrucción 5 que, además de excluir la posibilidad de juzgar el caso por malversación y centrarlo en el de prevaricación, sobreseyó las actuaciones que se seguían contra la empresa Construcciones Mego S.A y su representante legal, Luis González Chozas.

Sin entrar en el sobreseimiento de la causa contra la empresa y su representante, el Ayuntamiento de Íscar, en su incidente de nulidad al que ha tenido acceso Europa Press, sí muestra su disconformidad con el hecho de que los tres que quedan en el banquillo solo puedan ser juzgados por delito continuado de prevaricación y no por malversación, tal y como recoge el auto de 8 de junio de Instrucción 5 por el que se acuerda la apertura de juicio oral y se acuerda no haber lugar al segundo de ellos por exceder la competencia del Procedimiento Abreviado.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Íscar recuerda que el delito principal de autos es el de prevaricación administrativa y que conectado a él, de imposible comisión sin el primero, es el delito de malversación de caudales públicos que incluía el escrito de calificación que dicha parte presentó en tiempo y forma y por el que pedía cuatro años de cárcel.

"En el caso de autos, es evidente que no podría haber malversación si no hubiera prevaricación previamente, puesto que son las decisiones injustas a sabiendas de no licitar oportunamente las modificaciones y alteraciones presupuestarias de la Plaza de Toros las que provocan el pago de cantidades no previstas inicialmente, ni aprobadas mediante el oportuno procedimiento", advierte la acusación particular.