Aquavall aprobó en marzo de este año un fondo social de 120.000 euros para ayudar paliar las dificultades económicas de familias, autónomos y pymes como consecuencia de la crisis ocasionada por la covid-19. Y hasta el momento se ha beneficiado 28 empresas, que pueden llegar a tener un ahorro de 160 euros al trimestre. La empresa pública no ha agotado todavía la partida de este año, pero ya ha decidido ampliar la previsión de otros 120.000 euros para el próximo ejercicio dado la actual situación sanitaria y las restricciones impuestas.
Inicialmente se pretendía llegar a 1.000 familias y 540 pymes y autónomos. «De momento, es bajo el número de pequeñas empresas y autónomos que lo han solicitado, quizás porque el recibo del agua es bajo en Valladolid, pero entendemos que conforme se va agravando la situación económica serán más los que lo soliciten. El fondo de este año todavía no se ha acabo y ya hemos aprobado la ampliación para el próximo, así que animamos a los que lo necesiten a que se beneficien de esta ayuda», explica María Sánchez, presidenta de Aquavall.
Los usuarios que no puedan hacer frente a las facturas del agua pueden, una vez que reciban el documento del requerimiento de la deuda pendiente de pago, solicitar esta ayuda que, en el caso de las pymes y autónomos tienen límites diferenciados. Así, en el caso de la hostelería, las peluquerías y algunos otros negocios cuya base en materia prima es el agua, la bonificación alcanzará a 100 m3 por factura. En el caso de cualquier otra actividad, un máximo se fija en los 50 m3.
Esta medida social también beneficia a las familias con problemas económicos. En su caso se aplicará sobre las cuotas fijas y variables del agua y saneamiento hasta un máximo de 10m3 por miembro de la unidad de convivencia y factura.
La ayuda inicialmente se iba a aplicar a un máximo de cuatro facturas trimestrales, aunque ahora se anuncia la ampliación al próximo año. Aquavall la está tramitando conforme a un procedimiento, en el que además del volante de empadronamiento, se recaban los informes de los servicios sociales municipales, de la Agencia Tributaria y de Seguridad Social para la situación de necesidad justificando una minoración de los ingresos de al menos un 25% respecto a la situación económica previa a la declaración de alarma.
responsabilidad social. Desde la empresa pública se recuerda que en una situación como la actual es preciso contribuir a con la adopción de medidas a favor de las familias y empresas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis. Una obligación que también enmarca en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). En esta línea también se ha decidido congelar el precio, tal como se aprobó en el último Consejo de Administración de la empresa.